583 multas por botellón, pero ninguna respuesta al Defensor del Pueblo por el ruido en Abando

La historia viene de lejos. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en respuesta a las reclamaciones de la asociación vecinal Uribitarte Anaitasuna, propuso el pasado mes de agosto al Ayuntamiento seis medidas para tranquilizar las calles y velar por que se cumpliese la ley: desde más inspecciones para garantizar «de forma eficaz que no se practica el botellón y que se cumplen los requisitos establecidos para poder consumir las bebidas de los locales de hostelería en el exterior», hasta la tramitación de denuncias, pasando por la medición del ruido en el espacio público y hasta la limitación de los horarios en los bares.

El pasado enero Gabilondo, ante el silencio municipal, volvió a reclamarle explicaciones sobre si va a asumir esas recomendaciones. También sin respuesta. Los colectivos vecinales están disgustados con este asunto, y hoy la concejala del PP Paula Garagalza pidió al equipo de gobierno que se pronuncie. La portavoz de Elkarrekin, Ana Viñals, también reclamó «que el Ayujntamiento cumpla» porque el Defensor del Pueblo «sigue esperando respuesta». Y la líder de EH Bildu, Madría del Río, abundó en que «los vecinos y vecinas no sienten que el Ayuntamiento esté cerca».

¿Y qué dice el gobierno municipal? Gonzalo Olabarria, concejal de Gobernanza, asegura que «sí vamos a responder», pero «no vamos a adelantar» el sentido de esa respuesta. Aunque también avanzó que «las reclamaciones no son de obligado cumplimiento». Lo que sí hizo antes de terminar con esos planteamientos es ofrecer una serie de datos para poner de relieve el esfuerzo municipal por preservar la tranquilidad en esas calles del centro de Bilbao. «Para hacernos una idea de las cifras, las denuncias por infracción a la Ley de Espectáculos y Actividades Recreativas relacionadas con la actividad de hostelería, tales como infracciones horarias, de terrazas y veladores, consumo en el exterior, ruidos molestos de origen hostelero, puertas abiertas y sonometrías por molestias por música de locales, fueron un total de 123 en el año 2022 y más de 179 denuncias en el año 2023». Por su parte, las infracciones «por orinar en la via pública fueron 121 en el año 2022 y 165 en el año 2023. Y por la práctica de botellón bajaron desde las 602 a las 583.

La concejala de Movilidad y Sosteniblidad, Nora Abete, defendió que el Consistorio obtiene y pone a disposición de los vecinos los datos de los sonómetros, y «estamos trabajando para hacerlos más accesibles». Además, el mapa de ruido estará finalizado en mayo con el fin de conocer qué zonas están más afectadas por el ocio nocturno. Y Asier Abaunza, concejal de Espacio Público, interpretó que la oposición estaba realizando un «ataque a la hostelería bilbaína» y destacó que «no hay varitas mágicas para resolver estos problemas» que, por otra parte, afectan «a muchas otras ciudades».

Las resoluciones del Defensor del Pueblo no son vinculantes, pero las administraciones al menos han de motivar de un modo razonado y sensato su rechazo a asumirlas. Al fin y al cabo, es una institución creada para entender de las diferencias, las confrontaciones, entre los poderes públicos y los administrados. En este caso, estos últimos son los vecinos del barrio de Abando, que acudieron a Gabilondo en busca de respaldo porque entre el botellón y la actividad hostelera que en buena medida se desarrolla en las calles ven seriamente comprometido su descanso.