36.000 hogares vizcaínos con calefacción central de gas verán reducida su factura

Desde el Ministerio de Transición Ecológica se remiten a las próximas semanas para concretar esta medida que beneficiaría a más de 1,6 millones de hogares españoles que reclaman protección al no poder actuar sobre su factura de forma individual. Los administradores de fincas llevan meses reclamando que se les permita a las comunidades con calefacción central acogerse a la tarifa regulada, cuyos precios máximos están limitados por el Ejecutivo central. Critican, en este sentido, que una familia que vive en un chalet y no consume más de 50.000 kilovatios por hora puede cambiarse a esa tarifa y no así los habitantes de un edificio de 80 viviendas que excedan esos kilovatios. Algunas comunidades ya han anunciado en Bizkaia que reducirán el uso de las calderas varias horas. En capitales como Vitoria, hay inmuebles que ya han anunciado que ni siquiera la pondrán por no poder hacer frente al gasto.

El plan esbozado ayer por el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevé otorgar una mayor cobertura para el bono social eléctrico y bono social térmico aumentando el volumen de población protegida, aunque tampoco se especifica por ahora cómo se concretará esta medida. La ministra Teresa Ribera afirmó en rueda de prensa que los consumidores vulnerables están pagando actualmente lo mismo en su factura eléctrica que antes de la guerra gracias a las ayudas fiscales, el mecanismo ibérico y el incremento del descuento del 25% al 60% del bono social. Por su parte, el recibo del consumidor medio doméstico es un 33% más bajo de lo que sería en ausencia de las medidas tomadas hasta ahora, señaló.

Otra de las acciones que aprueba este nuevo Plan +SE es la mayor transparencia en las facturas de luz y gas. El Gobierno obligará a las compañías a incluir en ellas información sobre el consumo de los vecinos del distrito para tomar decisiones en torno al ahorro. En concreto, los recibos de los ciudadanos con un consumo inferior a 50.000 kWh anuales incluirán una comparativa con clientes similares en el mismo código postal. También habrá consejos para consumir de forma eficiente y se dará información sobre la aplicación del mecanismo ibérico con el detalle de cuál sería el coste de la factura en ausencia de esta medida.

¿Cómo se conseguirá recabar esa información vecinal? Por ahora no se han dado detalles, pero desde el ministerio que dirige Teresa Ribera explican que será un mecanismo que se establecerá con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a través de los códigos postales, sin información concreta de los vecinos, sino de forma anónima y agregada.

El Gobierno asegura que el plan en su conjunto supondrá un ahorro de gas natural de entre 5,1% y el 13,5% desde agosto hasta marzo. La horquilla es tan amplia porque reconocen que muchas actuaciones dependerán del nivel de penetración que se consiga alcanzar. Ribera explicó que este cálculo no está basado en una menor actividad económica que reduzca el consumo, sino en la «eficiencia en la demanda» y el cambio a combustibles alternativos al gas de buena parte de la industria.

Un punto muy importante será el impulso al autoconsumo, con ayudas adicionales para instalar tejados solares, entre otras medidas. Así, el Gobierno aprobará 500 millones de euros para nuevos proyectos y se incrementará -aunque no se conoce en qué medida- el actual límite de 500 metros entre la instalación de generación y el punto de consumo para facilitar el desarrollo de nuevos modelos de autoconsumo compartido.

Respecto a los contadores digitales, el ministerio asegura que invertirá 40 millones de euros entre 2023 y 2024 para que los bloques vecinales cambien sus contadores analógicos permitiendo dar un mayor detalle del consumo de los ciudadanos y así tener facturas más exactas de acuerdo al gasto que realice cada vecino.

Todo esto se suma al plan que entró en vigor en agosto con el real decreto de ahorro energético con medidas hasta el 1 de noviembre de 2023 que obligan a los edificios públicos, comercios, estaciones de trenes y autobuses, aeropuertos, espacios culturales y hoteles a limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado y a 19 grados la calefacción en invierno. También obliga a apagar las luces de los escaparates de las tiendas y de los edificios públicos que estén desocupados desde las diez de la noche.