El diputado general destituye al asesor foral Marce Elorza, encausado por malversación

La Fiscalía pedía para él tres años y medio de prisión y una inhabilitación absoluta durante ocho años. «Cuando llegue la notificación y se produzca la apertura de juicio», insistían los portavoces oficiales, remitiéndose a una norma foral recién aprobada. Alargaba la agonía, ya que era un escenario al que estaba abocado el imputado -investigado, en la nueva terminología- desde que el último recurso de su abogado, Ricardo Sanz, fuera desestimado a principios de abril. Solo faltaba la última palabra de Rementeria, y llegó ayer en forma de destitución.

El trasfondo del proceso tiene que ver con la designación de un edil del PNV, Eugenio Barquín, como consejero delegado de Zierbena Portua, una sociedad pública municipal que gestionaba servicios del pueblo galipo. Tanto Elorza como Barquín fueron apartados de la administración de esta entidad en 2012, cuando un cisma interno dejó allí a los jeltzales gobernando en minoría. La oposición denunció que Barquín estuvo varios meses cobrando un sueldo de alta dirección -51.812 euros anuales- cuando ya no dirigía «nada» y, presuntamente, con la connivencia del alcalde.

Elorza era una piedra en el zapato de Rementeria. Su destitución o dimisión -se barajaron ambas durante un tiempo hasta optar finalmente por la primera- le conducían a una salida inevitable, pero el lentísimo proceso judicial postergaba la fecha cada vez más. Nadie en el equipo de gobierno, ni en los grupos junteros nacionalista y socialista que lo sustentan, creyó que Elorza vería esta primavera desde la ventana de su despacho foral. Han pasado cuatro años desde la comisión de los hechos y el Juzgado número 3 de Barakaldo, que ha concluido ahora la fase de instrucción, debe anunciar todavía la fecha de la vista oral.

Giros al Ayuntamiento

Hasta su destitución, que comenzó a tramitarse ayer y se completará formalmente en pocos días, Elorza cobraba un salario de 4.300 euros brutos mensuales por sus labores de asesoramiento, un puesto al que accedió en el verano de 2015. Según pasaban los meses, arreciaban las críticas de la oposición, cada vez con más fuerza. En enero, este diario publicó que la defensa de Barquín y Elorza había girado al Ayuntamiento de Zierbena facturas por su defensa por valor de 8.400 euros. Aunque el municipio costero no las había pagado, un decreto de sus años de alcalde obligaba a abonarlos. Lo firmaba el tercer teniente de alcalde porque los dos primeros actores del Consistorio eran beneficiarios directos. Hace un mes, el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, llevó el decreto a la vía contencioso-administrativa porque duda de su legalidad. Está aún pendiente de resolver pero, cuando se conozca, Marce Elorza no figurará en la nómina de asesores de la Administración. Todo un alivio para el entorno del diputado general.