Radiografía de 'los Pichis': ayudas sociales y menores sin escolarizar

Vecinos de Ollerías, el barrio bilbaíno aquejado por las andanzas delictivas de los Pichis, conocieron ayer de primera mano las actuaciones que están desarrollando las distintas instituciones implicadas en la resolución del problema de convivencia que padecen desde hace años: Lanbide, Diputación, Justicia Juvenil del Gobierno vasco, Educación y Consistorio. Un conflicto que ha cristalizado en la constitución de una plataforma de damnificados y en la convocatoria de una manifestación para denunciar «la pasividad del Ayuntamiento y su alcalde», que se celebrará el próximo día 19. Ayer, autoridades municipales se midieron con representantes de una comunidad que se declara «harta» de «sostener con dinero público» a un clan que ha colmado la zona de «inseguridad y miedo».

La reunión, a la que asistieron responsables de Seguridad Ciudadana, Surbisa y el Observatorio de la Convivencia, supuso «un acercamiento entre vecinos y Ayuntamiento», en palabras de un portavoz de los afectados. En su transcurso, les pidieron confianza. «Nos ha tranquilizado el hecho de saber que tienen a todo el clan localizado, conocen los nombres de todos y hasta cuándo llegaron al barrio». Según les transmitieron, «no hay ningún menor de los implicados en los robos que esté ya en la calle».

Cinco integrantes del clan han sido detenidos. Dos de estos menores se encuentran en la actualidad internados en un centro de reforma, aunque estuvieron escapados y, según algunos vecinos, «escondidos» por la familia durante un tiempo. Se les considera, junto a un joven de 18 años arrestado por la Ertzaintza, responsables de 25 asaltos en domicilios del área de Otxarkoaga registrados entre este año y el anterior. En total, son nueve los menores tutelados por la Diputación, algunos de los cuales están fugados y en paradero desconocido. Los niños más pequeños están escolarizados, pero no acuden al colegio, algunos desde hace años.

Cierre de sótanos

Al margen del ámbito estricto de la seguridad, Surbisa ha procedido a la clausura de los sótanos del bloque de Ollerías en el que reside el clan, en una lonja y varios pisos. Algunos residentes habían denunciado que los menores se colaban en estos locales con total impunidad. La Policía Municipal ha acompañado este proceso de cierre de las lonjas para evitar incidentes. De hecho, agentes mantienen una vigilancia constante en la calle para prevenir altercados.

En otra línea de actuación municipal, se estudia la situación laboral de los miembros de la familia en edad de trabajar con el fin de ofrecerles una orientación, al tiempo que se controlan las ayudas sociales que perciben. Tres de las cinco unidades convivenciales que componen el clan cobran la RGI.

«Ha sido una reunión tranquila y fluida, hemos visto voluntad y sinceridad en la gente que nos ha hablado, se les veía preocupados por el asunto», apuntaron fuentes vecinales, aunque también recordaron que hasta ahora han escuchado «muchas palabras, pero no acompañadas por hechos». Por eso reaccionaron con «indignación» cuando el alcalde, Juan María Aburto, afirmó que el Ayuntamiento llevaba «meses, años, trabajando en silencio» y les pidió «paciencia». Frente a este discurso, ellos seguían creyendo que las instituciones no habían puesto voluntad en solucionar el conflicto de convivencia que lastra al barrio.

Mientras, en Ollerías se vive una calma tensa a la espera de la concentración del próximo jueves, a las 19.00 horas, frente al teatro Arriaga de Bilbao para mostrar el hartazgo ciudadano por la delincuencia en Atxuri, Ollerías y Santutxu. La zona está empapelada con carteles que anuncian la protesta, algunos de los cuales han sido arrancados. Los organizadores temen que muchos de los afectados decidan no acudir por miedo a represalias.