161 conductores deben más de 20.000 euros cada uno en multas de la OTA

¿Qué sangría? Según la última liquidación del Presupuesto municipal, la de 2024, el Ayuntamiento de Bilbao tiene pendientes de cobro algo más de 20 millones de euros en multas por infracciones en la OTA. Y a ello hay que sumar 17,7 millones más por sanciones impagadas relacionadas con la Ley de Tráfico. En total, más de 37 millones, cifra suficiente para levantar casi tres parques de bomberos como el proyectado en Deusto o para comprar veintidós veces el edificio Nogaro de Artxanda.

Se trata de infracciones cometidas a lo largo de los años y que el Ayuntamiento aún no ha logrado cobrar. Y no son todas porque, según explica desde el área municipal de Hacienda Carlos Urgoiti, con el paso del tiempo se van «anulando saldos». Es decir, cuando los cobros ya se ve que no van a ser posibles, porque han pasado años figurando como derecho pendiente, se 'borran' para que la contabilidad no sea irreal. Para no contar con un ingreso que ya se sabe que no va a llegar.

Fijémonos en las multas de la OTA. Según los últimos datos municipales, más recientes que los recogidos en la anteriormente mencionada liquidación presupuestaria (los 20 millones), el saldo pendiente en fase ejecutiva es algo menor, de 18,9 millones de euros. El 14% de esa cantidad se corresponde con multas emitidas antes de 2015; el restante 86% es de los últimos diez años. Cada ejercicio se suma a este cómputo global más de un millón de euros por impagos y, en ocasiones, más de dos millones.

Es mucho. Porque, por ejemplo, en 2023 se pusieron multas en la OTA por valor de tres millones, y a estas alturas hay 1,33 pendientes de cobro en fase ejecutiva, lo que supone el 44%. Un año antes, en 2022, las sanciones totales tuvieron un monto de 3,7 millones, y todavía hay 1,65 que no han entrado en las arcas públicas, el 45%.

¿Qué está pasando? Desde el Área de Hacienda, liderada por la concejala Marta Ajuria, aportan primero una visión panorámica, y luego una explicación técnica. Como marco general, el 40% de las multas de la OTA se paga en periodo voluntario, y un 15% logra ingresarse en el periodo ejecutivo. «El resto lo seguimos intentando cobrar, pero se ingresa muy poco. Es muy difícil», asume Urgoiti. Ese 45% de 'fallidos' que menciona coincide al dedillo con las cifras concretas del párrafo anterior.

Para intentar entender esta rareza hay que conocer antes el procedimiento. Comienza explicando el director de Gestión Tributaria que inicialmente la incoación del expediente en las multas de la OTA le corresponde al Área de Movilidad; y en el resto de infracciones de tráfico, a la de Seguridad. Luego, mandan la información a Hacienda. «Una vez que tenemos la relación de personas infractoras se remite notificación para que se haga el pago en periodo voluntario». Es aquí donde el 40% de los afectados responde. A quienes no lo hacen «les mandamos una providencia de apremio para pagar en ejecutiva», momento en el que reacciona otro 15%.

A partir de este punto llega una fase que «no nos gusta porque es complicada para una Administración pública». Se refiere Urgoiti a los embargos. Existen varias posibilidades. La primera es ir contra la cuenta bancaria de la persona afectada «mediante notificación al Consejo Superior Bancario a través de una providencia de apremio».

También es posible «el embargo de nóminas o pensiones», con la evidente limitación de las cantidades inembargables, aquellas «inferiores al salario mínimo, prestaciones como la renta de garantía de ingresos o las ayudas contra la exclusión social».

La cuestión es que cuando alguien no tiene cuenta bancaria, o no la tiene a su nombre, o cuando no tiene nómina, o todos sus ingresos conocidos se corresponden con las prestaciones anteriores, no hay de donde rascar nada.

Una vía alternativa es «actuar contra los vehículos». Porque, al menos, esa gente tiene coche. Pero el mecanismo no es hacerse con él, sino «notificar a Tráfico que tiene orden de precinto», cosa que únicamente supone que «no puede venderse». En caso de que por cualquier cosa ese vehículo acabe en el depósito de la grúa, no podría salir.

También se puede ir contra la casa del infractor, si es que la tiene, pero únicamente haciendo constar en el Registro de la Propiedad que sufre esa carga pendiente, lo que únicamente supondría que en caso de venta habría que levantarla. Y, como última posibilidad, desde el Ayuntamiento mencionan la posibilidad de «remitir a la Hacienda foral un fichero de deudores por si es posible retener algo en favor del Consistorio». Por ejemplo, «si al infractor se le devuelve del IRPF, que se le minore el pago».

Lo que pasa, lo que según el Área de Hacienda engorda la cifra de impagos, es la existencia de «grandes deudores». Un perfil de persona que «no tiene cuenta bancaria, no tiene nómina, no tiene casa... Gente que sabe que no se puede ir contra ella». Es más, Urgoiti habla de «auténticos profesionales de la multa», algunos de los cuales reciben una al día en la OTA. Eso supone que, sin más cargos, suman de deuda 36.500 euros al año. Si llevan varios años dando tumbos por las calles de Bilbao, imagínense.

Así, el gran problema con el que se encuentra el sistema no es el infractor ocasional, «que es el que paga», sino el «reincidente», que se mueve por Bilbao como si la OTA no existiese.