Un juez de Irún imputa a nueve religiosos por la supuesta estafa a una anciana moribunda

La denuncia sostiene que la mujer, que casi no sabía leer ni escribir, cedió a las congregaciones la titularidad del caserío -valorado en cerca de un millón de euros- a cambio de una pensión mensual que ella creyó erróneamente que sería de 900.000 pesetas (5.409 euros), pero que en realidad era de apenas 900 euros. Poco después de la firma del contrato, que preveía que la anciana recibiría sustento y asistencia médica y religiosa en su domicilio, la mujer se arrepintió del trato y envió un burofax a las entidades religiosas en las que afirmaba sentirse «engañada» y expresaba su deseo de recuperar su casa. Sin embargo, las tres congregaciones religiosas, en otro burofax que también aportan los querellantes, rechazaron la pretensión de la anciana recordándole que había suscrito el contrato de forma «libre» y a cambio de «contrapartidas onerosas».

Según mantienen los querellantes, fue el notario de Hondarribia R.L. quien, consciente del valor de la propiedad de la anciana, de su avanzada edad y su débil estado de salud, así como de sus convicciones católicas, decidió «desposeer a la señora M. de su patrimonio a precio de saldo». La querella sostiene que el notario contactó con las tres órdenes religiosas para ejecutar un «minucioso plan» con el fin de quedarse con la propiedad. Según la querella, formalizada por un abogado de Barcelona, la mujer empezó a recibir visitas cada vez más frecuentes del sacerdote de la parroquia a la que acudía, conocido como «padre Antonio», quien de esa forma se ganó su confianza y logró que la anciana les cediera el caserío en testamento.