El Gobierno endosa al PP el último resquicio de la reforma del aborto

Fuentes del PP aseguran que la idea que se baraja es la de presentar una proposición de ley en el Congreso de los Diputados y zanjar, de una vez por todas, una polémica que ha permanecido abierta desde el inicio de la legislatura, aunque advierten de que no sería la primera vez que el Gobierno cambia de planes. De hecho, la última decisión fue la de introducir la reforma en la Ley de Protección de la Infancia que el Consejo de Ministros podría estudiar este viernes, a la espera de la decisión de Vicepresidencia. Los plazos, por otro lado, aún se desconocen, pero la intención, desde luego, es la de llegar a su aprobación en este mismo periodo de sesiones.

Vía crucis

Tampoco la reforma del texto legal cumplirá lo anunciado. La brecha abierta en algunos sectores del PP, llevaron al presidente del Gobierno a recular y limitar la modificación al punto relativo a las menores, de 16 y 17 años, para que el acompañamiento y el consentimiento paterno sean requisitos fundamentales en caso de querer abortar. Atrás queda la iniciativa más extensa y ambiciosa que presentó Gallardón con el visto bueno del Ejecutivo.

El manido anteproyecto vio la luz en el Consejo de Ministros a finales de diciembre de 2013. El extitular de Justicia había anunciado que su departamento sería el encargado de llevar a cabo la reforma de la ley del aborto , de acabar con la libre interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas que aprobó el anterior Ejecutivo socialista. Gallardón presentó un texto que desagradó a todo el mundo. A los colectivos próvida y a la Iglesia, por blando; y a oposición y asociaciones feministas, por retrógrado. Incluso en el seno del PP (elocuente fue el silencio de Ana Mato, que no quiso intervenir en este debate a pesar de comandar el Ministerio de Sanidad) provocó fisuras por superar la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985.

Gallardón fue más allá. Pasó de los tres supuestos planteados hace tres décadas (violación, malformación del feto y daño psicológico y físico para la mujer) a dos: abusos sexuales (solo en las primeras doce semanas de gestación y mediante la presentación de una denuncia) y daños psicológicos de la madre. En este caso, era necesario el dictamen de dos especialistas pertenecientes a una clínica diferente a la que se iba a practicar la operación. La malformación solo se incluyó en el caso de que la vida de la progenitora corriese peligro.

El otrora ministro de Justicia prometió en julio de 2014 que el texto se convertiría en proyecto antes del final del verano. Pero septiembre llegó, Rajoy le anunció que no se iba a aprobar y Gallardón acabó renunciando. Para la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo esta decisión solo suponía hacer ley de una excepción. Únicamente 113 menores abortaron entre enero y septiembre de 2014.