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Parque Gomeznarro, en Madrid, una de las zonas donde el pederasta de Ciudad Lineal buscaba a sus víctimas.
¿Qué hacemos con el pederasta?

¿Qué hacemos con el pederasta?

Mantenerles en la cárcel, la castración química, sistemas de control por GPS...Hay quien los cree irrecuperables. "Es difícil encontrar el equilibrio entre libertad y seguridad", aseguran los expertos

José Ahumada

Domingo, 5 de octubre 2014, 01:36

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Todo parece indicar que Santiago del Valle le pidió a su mujer, Isabel García, que se diera de alta en Plan Internacional España, una ONG con un programa de apadrinamiento de niños pobres. A través de ella pudo enviar el verano pasado, desde la prisión de Herrera de la Mancha donde cumple condena por violar y asesinar a la pequeña Mari Luz Cortés, de cinco años, una carta de su puño y letra para una chiquilla colombiana de ocho: le proponía contactar directamente por correo o por teléfono para evitar la incómoda supervisión de la organización y conocerse mejor. Aunque la ONG expulsó inmediatamente a la socia indeseable, Santiago siguió insistiendo: si no podía ser la colombianita, se conformaría con otra niña que fuese rusa, ucraniana o china y que tuviera entre diez y doce años.

¿Qué se puede hacer con alguien así? Mientras esté encerrado parece que no hay problema, pero, ¿qué pasa cuando cumple la condena y sale? La crónica negra española está llena de pederastas reincidentes: Santiago del Valle había abusado antes de una niña de nueve años y hasta de su propia hija, cuando contaba cinco; Juan Manuel Valentín violó y mató a golpes a Olga Sangrador, de nueve, durante un permiso carcelario; Marcelino Fernández Arnaiz salió a la calle y tardó tres días en volver a agredir a una cría de seis años; José María Real abusó de Maruchi Rivas, de nueve, y la mató a hachazos, tan solo dos horas después de quedar libre. Y Antonio Ortiz Martínez, el pederasta de Ciudad Lineal, ya había estado entre rejas por un delito similar a los que ahora se le imputan.

"Yo digo que la mayoría de ellos no se rehabilitan", afirma tajante el psicólogo forense Javier Urra, primer Defensor del Menor. "La mayoría no quieren ser tratados, están tranquilamente en la cárcel y cuando salen están igual. En prisión, como en un hospital, es el tratamiento lo que cura, no la estancia. Un dato: solo el 30% de los presos por agresiones sexuales dice sentir el daño causado".

"El Estado no puede evitar el primer delito, pero sí los siguientes", opina Urra, quien lleva años proponiendo nuevas medidas. "Debe haber medidas de privación de libertad revisables. Si el equipo de tratamiento entiende que ha mejorado, que salga, pero con un terapeuta y un juez de vigilancia penitenciaria al que debe presentarse. Si solicita un castrador químico, adelante, que no pasa nada y es reversible. Y un sistema de control por GPS, para que la Policía siempre sepa dónde está. Si es una persona sin conciencia, se la intentamos poner desde fuera".

Controlar a los pederastas que quedan en libertad es también una prevención necesaria para Tina Alarcón, presidenta de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales. "A una víctima no le puedes dar la explicación de que estamos en un Estado de Derecho y ya está. En las cárceles hay equipos que tratan de ayudar a la gente así, pero no da resultado así que, y lamento decirlo así, hay que aplicar más medidas represivas. Hacen falta políticas más eficaces, como en el Reino Unido, un país con larga trayectoria democrática, donde se les hace un seguimiento exhaustivo".

De ocho a doce años de cárcel

En el Reino Unido, un pederasta recibe el mismo trato que un terrorista, y aun se pretende endurecer la legislación. Allí es posible solicitar información sobre antecedentes de abusos sexuales para alguien que vaya a dedicarse a cuidar niños; en Portugal, el Gobierno es partidario de confeccionar una lista de pederastas que se pueda consultar. En Bélgica se aplica la cadena perpetua a los casos más graves. Incluso se acaba de conceder el derecho a un suicidio asistido a Frank van den Bleeken, un preso que lleva 30 años entre rejas por violar a varias jóvenes, a una de las cuales mató.

"Sacar a la calle a una persona peligrosa es injusto opina Aitor Curiel, médico forense y decano de la Facultad de Criminología de la Universidad Isabel I de Castilla. Puede haber cumplido la pena, pero hay que preguntarse si la pena ha cumplido su objetivo".

"Lo que algunos proponemos no es una cadena perpetua revisable, sino una pena mínima ampliable: una vez se cumpla esta condena, se comprueba si el individuo sigue siendo peligroso, y si es así, seguirá encerrado. Cuando hay gente así, lo mejor es mantenerlos apartados de la sociedad".

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En España, los casos más graves de abuso sexual infantil cuando, por ejemplo, hay penetración, se castigan con penas que oscilan entre ocho y doce años de prisión un homicidio cuesta de diez a quince. La reforma penal de 2010 supuso un endurecimiento de las condenas: desde entonces es posible establecer un periodo de libertad vigilada de hasta diez años durante los cuales el pederasta debe mantener entrevistas periódicas con las autoridades, comunicar sus cambios de domicilio y hasta puede tener prohibido acudir a determinados lugares.

El nuevo Código Penal, actualmente paralizado en el Congreso, se presenta más severo: permite ampliar la duración de la libertad vigilada y contempla la prisión permanente revisable para los peores supuestos, como cuando un violador mata a su víctima.

"Las herramientas para luchar contra el delito nunca son suficientes reconoce José Luis López del Moral, presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria. Se puede prevenir y reprimir hasta cierto punto, pero un seguridad del cien por cien es imposible. Lo que mucha gente opina es que por un lado se le dice que no se puede legislar en caliente, pero luego, en frío, tampoco se legisla, y pide una respuesta eficaz: que el Estado la proteja, que para eso está. Y el Estado protege, pero tiene que actuar en un doble sentido: asistiendo al ciudadano y teniendo en cuenta que el que ha cumplido su condena tiene los mismos derechos que el resto".

"No es cierto que sea irremediable que vuelvan a delinquir, y tenemos datos", asegura Enrique Echeburua, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco. De los 75.000 presos que hay en España cifras redondas, 2.000 están encarcelados por agresiones sexuales a adultos, y 600, a menores. "El grado de reincidencia es del 20%. Ese porcentaje disminuye si reciben tratamiento. Se ha realizado un estudio en la prisión catalana de Brians con un seguimiento de cinco años: el porcentaje de los que reincidían después de aceptar el tratamiento bajaba al 6%".

Tratamiento hormonal

A grandes rasgos, esta terapia, voluntaria, que se realiza en grupo y dura entre seis meses y un año, consiste en que el agresor reconozca el mal que ha hecho, fomentar su empatía con el sufrimiento de la víctima, ayudarle a desarrollar las habilidades sociales adecuadas y enseñarle a controlar sus impulsos. Lo que se da en llamar castración química, en realidad un tratamiento hormonal que reduce la producción de testosterona, puede ser una medida complementaria en los casos en que se detecte una exagerada excitabilidad sexual, pero inútil cuando el móvil de un agresor es diferente.

Echeburua reconoce que no hay una fórmula magistral para reeducar a los pederastas, pero sí considera "interesante" un programa que se ha empezado a desarrollar este año en Cataluña, copiado de Canadá, para reinsertar a los agresores sexuales. Consiste en que unos voluntarios les ofrezcan apoyo acompañándolos y supervisando su actividad diaria durante los primeros meses de libertad para suavizar su vuelta a la sociedad. "Es verdad que también hay que proteger a las víctimas, pero ellos tienen derecho a una segunda oportunidad, y ahí tenemos que estar implicados. Hay que tomar medidas para proteger a las posibles víctimas, pero también hay que asumir unos ciertos riesgos en la vida: en una sociedad libre es difícil encontrar el equilibrio entre libertad y seguridad".

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