Los derechos también viajan en autobús

Habitualmente oímos hablar de los archisagrados derechos de los pasajeros de avión: indemnizaciones por cancelación, por pérdida de equipaje, por retraso... Pero ¿qué pasa con los usuarios de otros medios de transporte colectivo? Los que se desplazan en autocar, por ejemplo, ¿son acaso viajeros de segunda clase? Desde hace unos meses, ya no: una normativa europea ha equiparado sus derechos básicos a los de los usuarios de aviones, trenes o barcos que hasta entonces gozaban de una situación de privilegio a la hora de ser resarcidos por un mal servicio, a la vez que impone una serie de obligaciones a las empresas de autobuses y a los gestores de terminales. Todos son ya pasajeros de primera, al menos en lo que se refiere a sus derechos como consumidores.

El reglamento comunitario, que ha pasado bastante desapercibido, pretende hacer justicia con los usuarios del humilde autobús a los que hasta hace poco las leyes de protección al consumidor tenían relegados a pesar de ser abrumadora mayoría: según los últimos datos del INE, correspondientes al mes de abril, las personas que utilizaron un avión para desplazarse por el territorio nacional fueron 2,5 millones, mientras que nada menos que 17,3 millones recurrieron al autocar para hacer recorridos de media y larga distancia. La ley les reconoce ahora los mismos derechos, siempre y cuando el trayecto sea superior a los 250 kilómetros en toda la UE. Si se baja en el km 249, mala suerte, porque quedará desprotegido en casi todos los supuestos.

Reembolso por retraso de más de dos horas

Pero vayamos al grano. Desde la entrada en vigor del reglamento comunitario, hace un año, los pasajeros de autobús y autocar podrán reclamar el reembolso del precio de billete completo o recorrido alternativo en caso de exceso de reservas (overbooking), así como por cancelación o retraso de más de dos horas respecto a la salida prevista. Además, en estos mismos supuestos, el viajero podrá reclamar una indemnización del 50% del precio del billete si el operador no le ofrece un transporte alternativo, además del reembolso.

Si el viaje se cancela o sufre un retraso de más de 90 minutos -siempre y cuando el trayecto dure más de tres horas- podrá reclamar lo que la ley define como "asistencia adecuada"; es decir, refrigerios y comidas y, en caso necesario, alojamiento durante un máximo de dos noches (excepto en caso de condiciones meteorológicas adversas y catástrofes naturales). La normativa también equipara a los usuarios de avión las indemnizaciones en caso de accidente (por fallecimiento fija un mínimo de 220.000 euros) y pérdida de equipaje; si le extravían las maletas, podrá reclamar 1.200 euros por bulto.

Pero si su recorrido es menor de 250 km y tiene uno de estos percances, tendrá una doble mala suerte porque la ley recorta considerablemente sus derechos. En estos casos, por ejemplo, sólo se reconocerían cuestiones básicas como la no discriminación respecto a las tarifas por la nacionalidad del pasajero; trato igualitario para las personas con discapacidad y con movilidad reducida; normas mínimas sobre la información del viaje a todos los pasajeros antes y en su transcurso, un mecanismo de tramitación de las reclamaciones. Pero nada de indemnizaciones, reembolsos ni compensaciones por un mal servicio.