'Inseguridad' Social

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos. /
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos.

El Gobierno retrasa dos años el cobro de la pensión a cientos de miles de personas que pagan un convenio especial por un repentino cambio de criterio

ANA BARANDIARAN

Los parados con 61 años que pagan con sus ahorros un convenio especial para mantener la cotización y mejorar su pensión están sufriendo un auténtico calvario este verano. Como ya avanzó EL CORREO el pasado sábado, desde mediados de junio y por un repentino e injustificado cambio de criterio, la Seguridad Social les está denegando el acceso a la jubilación anticipada al no permitirles acogerse a la regulación sobre pensiones previa a la reforma de 2011. A efectos prácticos, eso supone que no van a cobrar un euro hasta cumplir los 63 años, es decir, dos años de demora. Al varapalo económico se suma, además, la angustia por la desinformación. Había corrido el rumor de que el organismo público rectificaba en una nueva circular del pasado 1 de agosto pero en esta nota, a la que ha tenido acceso este diario, no solo no da marcha atrás sino que hace una interpretación todavía más dura y restrictiva.

Los afectados, que se están organizando en foros y redes sociales, denuncian la inseguridad a la que les somete la Seguridad Social, valga en esta ocasión la redundancia.

Y es que en la mayoría de los casos fueron los propios funcionarios del organismo público los que les aconsejaron suscribir el convenio especial para que su pensión fuese algo más elevada en el momento de acceder a la jubilación anticipada. En las oficinas de la Seguridad Social les hicieron los cálculos y les dijeron que eso era lo que más les convenía. Siguiendo su consejo, tiraron de sus ahorros para abonar el convenio especial que puede costar hasta 12.000 euros al año, todo un esfuerzo en estos tiempos que corren.

Interpretación contraria

Los funcionarios de la Seguridad Social no actuaban de mala fe. Lo que ocurre es que, hasta la circular del pasado junio, en el organismo público se interpretaba que los suscriptores de un convenio especial entraban dentro de la 'cláusula de salvaguarda' que permite la aplicación de la antigua ley de pensiones, mucho más blanda. Este 'paraguas' protege "a las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes del 1 de abril de 2013, siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social". El INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) entendía que cotizar a través de un convenio especial no se podía equiparar a estar dado de alta.

Pero el 13 de junio cayó la bomba. Una circular de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) modificaba este criterio interpretativo, aplicado durante el último año y medio. Así, establecía que "a todo aquel que haya cotizado por la contingencia de jubilación a partir de abril de 2013" se le aplicará la nueva ley de pensiones, e incluía en este apartado a los suscriptores de un convenio especial al asimilar esta figura a estar dado de alta en alguno de los regímenes del sistema. Solo salvaba de la quema a "los beneficiarios de una prestación contributiva o subsidio asistencial por desempleo".

En la nota, la DGOSS explicaba que se había visto obligada a pronunciarse debido a las discrepancias entre el INSS, el órgano encargado de la gestión de las pensiones, y la Intervención General de la Seguridad Social, que es algo parecido a los "hombres de negro" del organismo público.

A partir de ese día, la Seguridad Social comenzó a denegar la jubilación anticipada a las personas con 61 años y convenio especial, que no entendían cómo se les penalizaba por suscribir algo que el propio organismo les había recomendado. El enfado es monumental. "Hay un rosario de reclamaciones", confirma Enrique Martín, de CC OO. Este sindicato envió a finales de julio una carta al secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, en la que le reprochaba el cambio de criterio y exigía el restablecimiento de la anterior interpretación por ser "más coherente con el espíritu y la literalidad de la norma legal".

En medio del creciente malestar, se filtró que había una nueva circular del 1 de agosto en la que el Gobierno rectificaba. Pero nada más lejos de la realidad. En esa nota, la DGOSS se reafirma en el sentido de que impide acogerse a la antigua ley -y, por tanto, prejubilarse a los 61 años- a las personas que hayan cotizado a través de un convenio especial a partir de abril de 2013. Es más, ahora también incluye en el saco a los que hayan contratado esta figura y sean beneficiarios del subsidio de desempleo para mayores de 52/55 años. Según los datos de julio, los afectados suman 132.000 personas. Quedan a salvo los que hayan perdido el empleo por "ERE o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad al 1 de abril de 2013". Todos estos supuestos constituyen una excepción.

Los afectados

Carlos (61 años), Gipuzkoa. "Aquí es el Estado el timador de la estampita"

Carlos (prefiere no dar su nombre verdadero) no ha ejercido como abogado, pero es la carrera que estudió y esa formación le ha dejado su poso. Por eso, cuando acudió a la oficina de la Seguridad Social de San Sebastián para averiguar si la suscripción de un convenio especial podía impedirle beneficiarse de la antigua ley de pensiones, lo preguntó dos veces. "La segunda vez la funcionaria me contestó ya harta que la jefa le había dicho que esté tranquilo; que el convenio especial no cambiaba nada", explica.

Por eso lo suscribió. Le habían despedido en 2012 por problemas en la empresa y el paro se le agotó en mayo de este año. La idea era pagar el convenio especial durante tres meses y prejubilarse al cumplir los 62 en septiembre. Pero el plan se le ha ido al garete. "Por pagar tres meses de convenio a razón de 1.000 euros al mes voy a perder dos años de pensión, unos 80.000 euros. Aquí es el Estado el timador de la estampita", dice.

Rosa (61 años), Madrid. "Por tres meses de convenio me quedo sin pensión"

A Rosa (prefiere el anonimato) también le aconsejaron en las oficinas de la Seguridad Social de Madrid que suscribiera un convenio especial para cubrir los tres meses que le quedaban desde que se le agotaba el paro en marzo hasta cumplir los 61 el pasado 30 de julio. "La funcionaria me indicó que el hecho de suscribir el convenio especial no impedía en absoluto el derecho a la jubilación anticipada a los 61 años", asegura.

Solicitó cálculos sobre cómo quedaba su pensión con y sin convenio. "La conclusión de la funcionaria fue recomendarme que lo suscribiera con el fin de disminuir el 24% de reducción que se me aplicaría. Tengo cotizados 43 años y 6 meses ", relata.

Rosa fue despedida de la empresa en la que trabajaba en febrero de 2012. Demandó a la compañía por despido improcedente y se lo reconoció, con lo que cobró indemnización. No tiene derecho al subsidio para mayores de 55 al rebasar por un poco los 483 euros de ingresos. Su marido está en el paro, a punto también de prejubilarse.