Vuelven las visitas escolares al barrio okupa de Errekaleor

Como ya hicieran hace un año escolares del instituto Ekialdea, estos chicos completaron una ruta por el barrio, propiedad del Ayuntamiento pero bajo control okupa desde verano de 2013. Asimismo, residentes ilegales dieron una charla a los adolescentes sobre su «modelo de gestión», lo que ha provocado ampollas en algunos progenitores. Al menos una familia se ha quejado de manera formal a la dirección y al departamento vasco de Educación.

«La base del proyecto es la comisión de un delito. Llevan a nuestros hijos a conocer el modelo de personas que delinquen, es decir, delincuentes», arranca la carta, a la que ha tenido acceso este periódico. La misiva recuerda al profesorado de San Prudencio los «enganches ilegales» a luz y agua, así como el impago de tasas por parte de los actuales habitantes, no pocos con trabajos legales remunerados.

Desde el colegio concertado ubicado en Lakuabizkarra, la dirección respondió a este periódico que «en ningún momento se trasladó a los chavales que era un modelo a seguir ni se entró a valorar ningún aspecto ideológico, si es ilegal o alegal».

Enmarcado como actividad en la asignatura de Proyecto Comunitario y Religión, el personal docente buscó enseñar «el día a día, los trabajos de comunidad, lo que aportan unos a otros y que entiendan el potencial de la labor en comunidad» en referencia a que en esta zona okupada existen una panadería o una biblioteca. Las parcelas adyacentes –también de titularidad municipal– han sido requisadas para reconvertirlas en huertas.

Pese a que el Ayuntamiento –ni con el popular Javier Maroto ni con el jeltzale Gorka Urtaran– no ha recuperado el barrio, a día de hoy no hay denuncia alguna en los juzgados, sí ha reconocido públicamente la herida económica. En diciembre, el concejal de Hacienda, Iñaki Gurtubai (PNV) admitió que la factura que acumula Vitoria por estos okupas supera los 500.000 euros en impuestos, tasas y suministros básicos en los diez últimos años. «Es muy hipócrita ser antisistema mientras no dejas de aprovecharte de él», sostiene el escrito de la familia. «No hubo valoración o alusión alguna sobre la ideología», subrayan desde San Prudencio.

«Incidiendo en la autogestión, los alumnos deberían saber que aquellas personas (por los okupas), al contrario que sus padres y el resto de los habitantes de su ciudad, no pagan impuestos, por lo que no contribuyen al mantenimiento de servicios y bienes esenciales», abunda la comunicación crítica con la iniciativa escolar. «Y no dejan de aprovecharse de servicios que pagamos el resto como la sanidad, educación, seguridad, transportes...».

Varios murales que decoran los bloques menosprecian a ertzainas y policías locales. «¿Qué tipo de explicaciones se da a los menores por estas pintadas?». En este punto, el centro docente de la zona norte de la capital alavesa insiste en que los escolares y sus profesores «no se pararon» ante estas imágenes.

A su vez, la carta de queja se refiere a los casos de «familias que trataron de establecerse en el barrio , pero han sido expulsadas por no tener el suficiente compromiso contra el sistema capitalista y el heteropatriarcado. O por ser de etnia gitana». En 2017, dos vecinas –una «de toda la vida»– denunciaron a Errekaleor Bizirik por «acoso» y salieron del barrio «por miedo». Aquel asunto se archivó.

¿Repetirá el colegio San Prudencio esta experiencia con más alumnos? «Valoraremos los pros y los contras», atajan desde la dirección.