Voluntarios de Apasos lucharán en los tribunales para volver a la perrera de Vitoria

Este auto judicial dice que el Ayuntamiento puede «conveniar la colaboración para la gestión de la perrera con la asociación o entidad que elija», una cuestión que está analizando en estos momentos, y además refleja que «no se le obliga a dejar acceder a los responsables de Apasos y a sus voluntarios ni a dejarles atender a los animales en lo sucesivo».

Pero desde el colectivo se entiende que las medidas cautelares dictadas «deben mantenerse vigentes hasta que haya sentencia firme sobre si la expulsión de mayo de 2021 estuvo bien hecha o no» al no haberse firmado un convenio de colaboración en ese momento. Una resolución que no se ha producido todavía, razón por la que van a recurrir el auto.

Pero lo peor para esta asociación es la indefensión en la que se han quedado los perros y gatos del CPA, a cargo del personal municipal del centro que entienden «insuficiente» para cubrir todas sus necesidades. «Los animales están sin la ayuda de Apasos cuando el juez dijo que era inestimable», lamenta su abogada,María Eugenia Suárez Alba.

Este nuevo capítulo es el último de un asunto que enfrentó a las denunciantes y al Ayuntamiento desde el primer momento. A juicio de su letrada, la Corporación no creyó la versión de las víctimas y cuando comprobó que sí había una base delictiva «tampoco actuó». Entonces, procedió a tomar «medidas represivas», impidiendo su entrada o, una vez dentro, desempeñar las funciones que realizaban. Y es que la actual expulsión de los miembros de Apasos no es la primera.El capítulo inicial se produjo en mayo 2021 –pendiente de resolución judicial– y hasta su regreso 'definitivo' en junio de 2022 se produjeron varias entradas y salidas.

En ese espacio temporal el Consistorio anuló el convenio de colaboración, circunstancia que el colectivo también denunció. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco les dio la razón en enero de 2022 al considerar que su trabajo resultaba fundamental en el quehacer diario del centro y que el Ayuntamiento no podía afrontar estas labores solo con sus recursos. Estas personas regresaron a la actividad en junio de ese mismo año en las mismas condiciones que en 2020, algo que también debieron reclamar vía judicial. Y lo hicieron sin el convenio que financiaba sus actuaciones, que desde entonces han desempeñado sin contraprestación económica.

El caso saltó a la luz en julio de 2020, a través de EL CORREO, cuando se presentaron las primeras denuncias por presunto abusos sexuales a cuatro voluntarias. Diligencias que se extendieron a otras tres mujeres más y un hombre, víctimas presuntamente de coacciones. Los hechos se habrían producido desde el verano de 2018 a mayor de 2020. Yen septiembre de 2019 el Ayuntamiento recibió la denuncia de otro trabajador de la perrera pidiendo que se investigase a un compañero.

Ahora queda la celebración del juicio por las agresiones sexuales, el asunto principal, probablemente a principios del próximo año. El acusado «sigue en prisión», asegura Apasos, ya que en 2022 fue condenado en firme a seis años por agredir sexualmente a su exnovia. En una declaración por el caso de Apasos ante el Juzgado de Instrucción número 4 aseguró que sufría «humillaciones» por parte de las denunciantes y que sus superiores municipales conocían el asunto «desde el principio».