Vitoria rebaja su deuda municipal a 102 millones pero incumple la regla de gasto

El Ayuntamiento de Vitoria cerró sus cuentas el pasado curso rebajando su deuda con cajas y bancos hasta 102,5 millones de euros, 10 menos que en 2018, cuando ese montante se disparó a 112 millones. Ese déficit incluye lo que debe el propio Consistorio (78,9 millones) y sus sociedades municipales y organismos autónomos (23,6). Pese a lo elevado de la suma, la administración cumplió el límite de deuda viva -al situarse por debajo del porcentaje legalmente establecido del 60%- según refleja el informe anual del interventor general, Alfredo Barrio.

Sin embargo, el alto funcionario advierte en su informe que el Consistorio incumplió la regla de gasto «sobrepasando en 11,6 millones de euros más el gasto que le permite la ley», reveló este lunes la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Leticia Comerón. Ese desfase supondrá «un gran lastre añadido» para la recuperación económica ante la crisis del coronavirus, lamentó la líder popular, que criticó que de 2015 a 2019 «no ha habido proyectos de ciudad», pero el Gobierno de Urtaran ha «despilfarrado», aumentando «gastos superfluos y engordando la estructura municipal» pese a la subida de la recaudación de esos cursos de «bonanza económica». Tal es así que esta estructura creció en 14 millones en un solo año y «se ha disparado en solo 2 años en 25 millones de euros más, sin que haya mejores servicios para los vitorianos».

Comerón recalcó que el interventor hace una clara advertencia en su informe sobre las dificultades del Ayuntamiento para afrontar situaciones sobrevenidas y «mitigar contingencias no previstas» como la provocada por la Covid-19, ante lo que subraya que debe seguir tomando medidas «para conseguir remanente de tesorería y ahorro neto». Dicho documento «hace saltar las alarmas», alertó. La representante reiteró su voluntad de alcanzar un gran pacto económico por la ciudad, consenso al que aspiran llegar a través del grupo de trabajo que, a propuesta de los populares, se constituirá este miércoles en la Comisión de Hacienda. «queremos salvar las cuentas municipales y a ayudar al tejido productivo, abandonado por Urtaran, con rebajas de impuestos y ayudas directas», transmitió la edil.

En su informe, con fecha del pasado 26 de mayo, el interventor sí concluye que la gestión de las arcas municipales el curso pasado se saldó con equilibrio de estabilidad presupuestaria. Para ese cálculo se tiene en cuenta la suma de todos los ingresos no financieros del Ayuntamiento (385,3 millones de euros en 2019) y la compara con el total de gastos no financieros en el mismo periodo, por valor de 372,1 millones de euros. Tras comparar estas cifras y aplicar los ajustes que determina la Intervención General del Estado, se obtiene estabilidad con un saldo a favor del Ayuntamiento de 10,4 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 2,83% de capacidad de financiación mediante ingresos no financieros. Con respecto al periodo medio de pago a proveedores, en 2019 se situó en 23,45 días, sensiblemente por debajo de los 30 días exigidos por la normativa.

Sobre el incumplimiento de la regla de gasto, desde el gobierno municipal matizaron que «si el ahorro neto ofrece un valor positivo, si hemos cumplido con la estabilidad presupuestaria y hemos registrado más ingresos que gastos, el hecho de que superemos la regla de gasto solo demuestra que el año pasado fue especialmente inversor, con obras como el Bus Eléctrico Inteligente, la ampliación del tranvía al sur, la reforma del entorno del Memorial de Víctimas del Terrorismo, la reforma de la calle Médico Tornay y tantos otros proyectos de ciudad», como argumentó el teniente de alcalde y concejal de Hacienda, el peneuvista Iñaki Gurtubai.

Gurtubai replicó al PP que «quien dejó un agujero económico de 68 millones de euros en las arcas municipales y además sacó más de 50 millones de euros de la sociedad Ensanche 21 para alimentar gasto corriente no puede ahora querer dar lecciones de rigor económico».