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La entrada en vigor de la zona de bajas emisiones (ZBE) a partir del 1 de enero y la extensión de la OTA a Santa Lucía y Aranzabal a lo largo de 2025 va a tener su efecto recaudatorio. El departamento municipal de Hacienda contempla ingresar 5,7 millones de euros procedentes de multas por infracciones de tráfico, lo que supone 700.000 euros más. La respuesta a este incremento hay que buscarla, según portavoces de Hacienda, en que los ingresos por sanciones han aumentado en los últimos años y además hay que contemplar el efecto de la ZBE y la llegada de las zonas verdes y azules a nuevas calles.
Los mismos medios pidieron cautela con las cifras, al tratarse de una estimación. «El carácter variable de este tipo de previsiones obliga a actuar con un evidente principio de prudencia presupuestaria», se recoge en el proyecto de presupuestos municipales para 2025, que los concejales del Gabinete Etxebarria presentan estos días a los partidos de la oposición. Nadie sabe qué va a pasar a partir de abril del próximo año, cuando tras tres meses de sensibilización se empiece a multar a quien entre con el coche sin autorización por zonas limitadas del Casco Viejo y el Ensanche.
La pena pecuniaria por esa infracción ascenderá a entre 90 y 200 euros según la gravedad del incumplimiento, la mitad si se recurre al pronto pago. Y los cálculos que maneja el Ayuntamiento son los que le facilitó la empresa Doymo cuando redactó el proyecto de áreas ZBE que ha dado lugar a la ordenanza regulatoria. Supone unas 14.600 multas durante 2025.
Al principio sólo se explicará a los conductores qué hacen de manera incorrecta. Se les dirá que no contar con autorización o no respetar las condiciones de acceso constituyen infracciones graves, mientras que es más leve superar el tiempo de estancia o el número de accesos permitidos. También estará penalizado el no respetar las restricciones horarias de paso u obtener autorización mediante datos inexactos o falsos.
Está previsto que se establezcan ocho categorías de vehículos que podrán acceder al territorio ZBE: los de los residentes, para acceso a plazas de aparcamiento; los de establecimientos comerciales y de servicios, por carga y descarga; los de vehículos de personas con movilidad reducida, de personas mayores y enfermas con baja movilidad, y situaciones especiales y urgencias. Eso sí, deberán tener la licencia pertinente.
Vitoria establece una moratoria ligada a la implantación de la etiqueta ambiental. Es decir, en la primera fase 2025-2026, el criterio fundamental será eliminar el tráfico de paso por un área de prioridad residencial cuyo perímetro delimitarán más de un centenar de señales y que estará controlada por 30 cámaras de lectura de matrículas. Pero en 2027, cuando el distintivo de la DGT que califica la eficiencia energética de cada coche sea un elemento a tener en cuenta, quedará prohibido el acceso a los vehículos que no cuenten con la pegatina. En la tercera fase de la ZBE, prevista para 2030, se prohibirá la entrada de vehículos con etiqueta B.
El concejal de Seguridad Ciudadana, el peneuvista César Fernández de Landa, confirmó ayer que el Ayuntamiento modificará su relación de puestos de trabajo en 2025 para dar cabida a 25 nuevas plazas de agente de la Policía Local, a las que se sumarán antes de final de legislatura otras 25. Además, se sacará una OPE para consolidar 23 plazas de bombero. El edil peneuvista desgranó las principales partidas presupuestarias de su departamento de cara al año que viene donde destacan 250.000 euros para adquisición de equipos de descontaminación post-intervención para los Bomberos y 130.000 para renovar el parque móvil de la Policía Local.
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