Vitoria pedirá limitar el precio de los alquileres pese al recurso judicial del Gobierno vasco

Aunque el Ayuntamiento ya había anticipado su intención de cursar la solicitud, ese anuncio se produjo antes de que el Gobierno vasco se decidiera a acudir al Constitucional, algo que hizo a finales de febrero. En el Pleno municipal del pasado enero, la iniciativa salió adelante con los votos del equipo de gobierno (PSE-PNV) y EH Bildu, mientras que el PP votó en contra y Elkarrekin Podemos se abstuvo.

La decisión ha sido ratificada este lunes con las declaraciones del edil responsable del área de Urbanismo, quien ha «puesto en valor» la ley estatal por establecer la «prohibición de venta a fondos de inversión, impulsa el alquiler a precio limitado y aumentar la reserva de suelo para vivienda protegida». Sin embargo, otras cuatro comunidades autónomas la han recurrido (Madrid, Andalucía, Baleares y Cataluña). A ellas se ha unido ahora Euskadi.

La decisión de Lakua de acudir al Constitucional salió adelante con el aval del PNV en el Consejo de Gobierno pese al rechazo de los consejeros del PSE, quien además es titular la cartera de Vivienda. Además, el anuncio llegó en plena precampaña electoral. El motivo, una posible «invasión de competencias» por parte del Gobierno central en el vasco. Así lo resuelve, de hecho, un informe jurídico del Ejecutivo autonómico.

Ese fue el argumento que empleó el concejal del PNV César Fernández de Landa para justificar el recurso, que llegó apenas mes y medio después de que el Pleno cursar la solicitud al Gobierno vasco con los votos de PSE, PNV y EH Bildu. Y, de paso, cargar contra EH Bildu, quien llevó el asunto a la comisión de Urbanismo. «Es un informe del servicio jurídico central del Gobierno vasco, no del PNV. Bildu está pregonando el autogobierno y ahora reprocha una acción en defensa del autogobierno», señaló el edil jeltzale.

«Es anormal que PSE y PNV hagan algo en el Pleno municipal y en un mes lo contrario en el Gobierno vasco. Ese juego doble incomprensible e inaceptable», censuró el concejal Unai Fernández de Betoño (EH Bildu), quien acusó a los jeltzales de utilizar la invasión de competencias «como excusa para no limitar el precio de los alquileres».

El Ayuntamiento aún no ha emitido la solicitud para la declaración de zona tensionada. Según el concejal de Urbanismo, esta demora se debe a la última actualización que realizó el Gobierno vasco sobre el texto. En concreto, el departamento de Vivienda permitía ahora incluir todo el término municipal, después de que en la primera versión excluyera las zonas rurales. El Consistorio se encuentra ahora analizando ambas alternativas «como paso previo a la declaración de zona tensionada».

El Gobierno vasco marca dos criterios para establecer las zonas potencialmente tensionadas. Por un lado, se encuentra la subida registrada en los alquileres en los últimos cinco años en la zona. Si es mayor al 17% (IPC más tres puntos), se pasa automáticamente a zona tensionada. Lo cumple la trama urbana de Vitoria. El segundo tiene relación con la renta media familiar. El coste de los alquileres y los suministros básicos deben superar en un 30% el dinero que ganan las unidades convivenciales. En este caso, sólo Lovaina, Gazalbide, Txagorritxu, San Martín, Mendizorroza, Zabalgana y Ariznabarra quedarían fuera. La última versión, que permite hacer una especie de media para incorporar más zonas, afectaría al término municipal en su totalidad.