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Los hogares vitorianos destinan el 30,6% de sus ingresos a pagar el alquiler. En cinco años, la renta media por un arrendamiento mensual se ... ha incrementado en la capital alavesa en un 21,2% y, además, comprarse un piso también es un 27,5% más caro. Esos condicionantes, que ejercen una fuerte presión sobre la economía familiar, son los que marcan, según el Gobierno vasco, que Vitoria pueda declararse zona tensionada. Aunque el Gobierno local (PSE-PNV) aún no ha tramitado dicha solicitud, y ya es el único Ayuntamiento de las tres capitales vascas que estira los plazos para cumplir con este trámite.
El departamento de Vivienda del Ejecutivo autonómico ha publicado este lunes un estudio con datos actualizados hasta 2024 en el que incluye la situación de hasta 32 ciudades vascas que cumplen con, al menos, uno de los dos requisitos que recoge la ley nacional de vivienda para intervenir en el mercado: que el coste medio de la hipoteca o el alquiler más gastos superen el 30% de los ingresos familiares o que la vivienda se haya encarecido en el último lustro tres puntos por encima del IPC. Un parámetro que en 2023 se situaba en el 16,6% en el caso del alquiler y, en 2024, en el 19,4% para las compraventas.
Ese estudio, que sustituye a otro presentado el año pasado con cifras de 2022, plantea que en la provincia de Álava solo una de sus localidades, su capital, podría acogerse a este paraguas legal mientras que la otra que optaba a ello con anterioridad, Alegría-Dulantzi, no cumpliría.
Esto no quiere decir que su situación residencial haya mejorado. «Diría que estamos peor. Tenemos verdaderos problemas en esta materia», certifica el alcalde del municipio de la Llanada alavesa, Joseba Koldo Garitagoitia, que aunque había comenzado con los trámites estipulados, desistirá de presentar la solicitud. Sin embargo, «muchas veces salir o entrar en la lista es cuestión de décimas», ha asegurado en rueda de prensa el consejero socialista de Vivienda, Denis Itxaso.
Es decir, que pueblos que hace unos meses cumplían por la mínima alguno de esos criterios ya no lo hacen por «pequeños cambios residuales», como puede ser la construcción de una promoción pública. Así, el mensaje de Itxaso a los ayuntamientos vascos es que «no se confíen» porque salir del listado «no significa que haya que dejar de trabajar en la estrategia de vivienda».
Respecto al diagnóstico que debe presentar el Gabinete Etxebarria ante el Ejecutivo autonómico, hace un mes la alcaldesa socialista apuntó que apuntó que esta petición se cursaría «más pronto que tarde». De hecho, en sus previsiones iniciales calculaba que ese informe podría estar en manos de Lakua antes de Semana Santa. No ha sido así, a pesar de que ya se ha cumplido más de un año desde que el Consistorio se decidió a dar el paso de ser zona tensionada.
Fuentes municipales no concretan una nueva fecha para presentar ese análisis e indican que «se está recopilando información adicional que se ha solicitado por parte del Gobierno vasco». En sus documentos, deben enviar una memoria justificaba y un plan de acción a tres años con políticas orientadas a aliviar el mercado.
En total, 43 ciudades que reúnen a más de 1,48 millones de personas, el 67,3% de la población de Euskadi, podrían poner coto al incremento de los precios del alquiler de vivienda. 11 de éstos ya a han sido declarados tensionados, como Donosti, o están a punto de serlo, como Bilbao.
El Gobierno vasco ha presentado este lunes una nueva herramienta «orientada a ofrecer información clara, transparente, y actualizada» sobre las zonas tensionadas. Se trata de una página web que recoge documentación de cada uno de los municipios en los que se interviene el mercado y los planes de acción a tres años comprometidos por los ayuntamientos. También ofrece un apartado de preguntas frecuentes con el fin de que propietarios e inquilinos conozcan los derechos y obligaciones que contempla este marco jurídico.
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