Vitoria sopesa pactar con la contrata de jardines la rescisión del servicio si no hay acuerdo con los empleados

Entre ellas, no se descarta buscar un pacto con la empresa (Enviser) para rescindir el contrato antes de su finalización, prevista en diciembre de 2027. Según ha explicado este miércoles la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal (PNV), conforme a la Ley de Contratos, el Gobierno local «no puede penalizar a la empresa por la huelga, ya que es un derecho» y el compromiso de prestar servicios a la ciudad sólo podría finalizar «con un acuerdo mutuo», con las consecuencias que esto tendría para la empresa. Ésta es una solución difícil y que necesitaría de intensas conversaciones porque, de lo contrario y si fuera una decisión municipal unilateral «la empresa nos demandaría y llevaría al juzgado», ha subrayado.

Otra alternativa que también se ha puesto encima de la mesa es acudir al PRECO, el servicio público del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi, que se encarga de dirimir conflictos sin tener que acudir a los tribunales. No obstante, la edil peneuvista sí ha matizado que estas son medidas «contundentes» que, por el momento, no se aplicarán en un corto plazo. «Vamos a darnos unas semanas», ha asegurado, después de defender su labor de «mediación» y que «lo único que podemos hacer es no pagarles por los servicios que no están realizando». Esta ausencia de pagos ya ha ascendido -sin contar el mes de mayo- a cerca de 375.000 euros.

Por eso mismo, ha urgido a ambas partes a resolver, cuanto antes, con «diálogo, responsabilidad y acuerdos» la huelga «porque si no, las cosas se van a complicar más», ha advertido. En este sentido, Artolazabal ha solicitado a la empresa «que no tarde un mes en presentar otra oferta» y que, al menos, dialogue con el comité de manera semanal. Ayer, martes, Enviser se comprometió a «mejorar su propuesta» a los jardineros para zanjar la huelga, que piden aumentar el sueldo en una cuantía no inferior a los 3.000 euros.

En este sentido, Artolazabal ha insistido en que ambas partes «modulen las solicitudes» para que la oferta de la empresa tenga «un importante desembolso en 2025 y una calendarización del contrato hasta 2027». Una parte debe hacer «una oferta importante» y la otra «valorar la propuesta, si se quiere llegar a un acuerdo». Pero, también ha rechazado que los empleados puedan equiparar sus condiciones a los funcionarios del Ayuntamiento. «En una reunión con la parte social me reconocieron que que querían equiparar sus condiciones a los trabajadores de la casa, pero para ello hay que aprobar una oposición».

El concejal de EH Bildu, Jon Molina, ha censurado que este problema surge por externalizar un servicio municipal y ha asegurado que «el equipo de Gobierno es rehén de una estrategia de la empresa», que «no tiene una voluntad firme de negociación». Así, ha revelado que hay empleados con salarios brutos entre 60.000 y 80.000 euros por lo que cree que «la empresa todavía tiene margen». El PP, por su parte, ha afeado el estado de la ciudad «que parece una selva», mientras «la solución está lejos de vislumbrarse» y el edil de Elkarrekin Podemos, Óscar Fernñández, ha reclamado «presionar a la empresa» al ver «poca voluntad por su parte a la hora de solucionar el conflicto laboral.