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David González
Miércoles, 22 de enero 2025, 00:03
A mediados de diciembre, la prisión de Zaballa volvió a los tiempos de la pandemia. Selló sus puertas al exterior. De esta manera, durante algunos días cesaron los vis a vis, las comunicaciones entre reclusos y sus abogados, también las actividades internas (educativas, deportivas y ... de ocio). El cierre se debió a la oleada de bajas entre su plantilla. Más de ochenta funcionarios dejaron de ir a su puesto por prescripción médica. Un mes después, la situación ha mejorado levemente.
«Cerca de setenta» siguen en sus hogares, asumen desde el Departamento de Justicia y corroboran fuentes internas del mayor penal de la comunidad autónoma vasca. Estas ausencias han permitido que la treintena de interinos convocados hace un mes continúe en sus puestos de trabajo.
Éste es la respuesta del Gobierno vasco a un fenómeno inédito en el sector. «Una huelga encubierta» para algunos; la consecuencia del «hartazgo» y «el quemazón» entre los trabajadores, para otros.
Aquellos días de diciembre, el director de la prisión, Benito Aguirre, anunció que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria les ordenó poner el asunto en manos de la Justicia ordinaria. Hubo una denuncia en una sala de Instrucción del Palacio de Justicia de Vitoria para que dilucidara si existía algún tipo de ilícito por parte de estos trabajadores públicos de baja.
Fuentes judiciales señalan que el caso ha quedado «sobreseído provisionalmente». Dicho de otro modo, el juzgado instructor encargado de esta causa no ha apreciado ningún indicio de delito por parte de esos ochenta funcionarios de prisiones. Muchos de ellos, por cierto, han formalizado su petición de cambio de destino fuera del País Vasco.
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