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David González
Miércoles, 22 de enero 2025, 00:21
El Gobierno vasco se expone a un boquete importante en una de sus transferencias más recientes. Un tercio de los alrededor de 550 funcionarios de carrera repartidos por las tres cárceles vascas ha solicitado formalmente el cambio de destino fuera de Euskadi. Este intento de ... desbandada se produce tan sólo tres años y medio después de que el Ejecutivo de Lakua recibiera la competencia de prisiones y se enmarca en las críticas de las centrales sindicales por la «sobrecarga de trabajo», «la falta de personal» y «una RPT (en referencia a la Relación de Puestos de Trabajo anunciada en noviembre) realizada de manera unilateral».
El Departamento vasco de Justicia y Derechos Humanos reconoce «197» solicitudes formalizadas a fecha de ayer. Mientras que fuentes internas de la plantilla elevan la cifra a «casi 250» aspirantes para cruzar el río Ebro en el primer concurso de traslados abierto por Instituciones Penitenciarias, dependiente del Gobierno central, al que han podido apuntarse tras el traspaso en octubre de 2021. Como mínimo, se trata de un tercio de la plantilla actual.
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Ese 35% de peticiones de salida, punto arriba punto abajo, se repite con bastante sintonía en los centros penitenciarios de Zaballa –el más grande de Euskadi–, Basauri (Bizkaia) y Martutene (Gipuzkoa). Éste último será sustituido los próximos meses por el nuevo penal de Zubieta.
Los resultados de esta OPE interna a nivel nacional se conocerán en pocas semanas. Probablemente, a lo largo de marzo. De hecho, el plazo para presentarse sigue abierto «hasta este viernes». Justicia observa expectante el proceso y, pese a que descarta que un porcentaje significativo logre plaza fuera, reconoce que busca «alternativas» ante lo que se avecina.
Entre ellas, mantendrá su actual apuesta por los «interinos». Se trata de trabajadores sin experiencia y que reciben un curso de formación de apenas diez días. En la actualidad, hay más de ochenta personas en esta situación.
«Se sigue negociando con las centrales. La RPT es negociable», aseguran desde el departamento liderado por la socialista María Jesús San José. Lo cierto es que sindicatos como ACAIPT-UGT, CCOO y Csif hace más de un año que protestan por la situación de estos trabajadores, a quienes acaban de «igualar los sueldos base pese a que las funciones son muy diferentes. No es lo mismo quien está en el módulo con los reclusos que el que hace labores administrativas». Los primeros cuentan con una dilatada experiencia y son parte importante entre los solicitantes de cambio de destino.
197 Solicitudes
Funcionarios de carrera que han pedido un cambio de destino fuera del País Vasco, según datos aportados por el Departamento de Justicia. Fuentes de la plantilla elevan el número a «cerca de 250» aspirantes. Como mínimo, es un tercio de la plantilla que se reparte por los centros penitenciarios de Zaballa (cerca 300 trabajadores), Martutene (130) y Basauri (130).
1.706 Reclusos
Reclusos que se reparten por las tres cárceles vascas, según la última estadística oficial del Gobierno vasco. Supone un 6% más que hace cuatro años, cuando la competencia todavía dependía del Gobierno central.
¿Por qué es tan alto el número de funcionarios que quieren el traslado? «Al quedarnos en Euskadi se nos prometieron unas condiciones laborales que no se han cumplido. Lo dimos todo para que la transferencia se completara con éxito. Hoy estamos bajo mínimos, la población reclusa se ha incrementado (un 6% desde enero de 2020) y cuando nuestros representantes sindicales se han sentado a negociar con el Gobierno vasco no ha habido propuestas reales por su parte», claman varios funcionarios consultados por EL CORREO. «Estamos hartos. Nos sentimos engañados y abandonados». Son ya tres años y medio los que las prisiones vascas dependen del Ejecutivo autonómico, primero dirigidas por el PNV y en la actualidad, por los socialistas. En 2024, algunos trabajadores llegaron a acumular «cerca de 200 horas extras».
La mayoría de estos funcionarios de prisiones son oriundos de otras comunidades autónomas. Ficharon hace años animados por unos sueldos superiores y un clima intramuros más sano que el de otros presidios. En la actualidad, muchos de estos funcionarios absorbidos por el Gobierno vasco engarzan jornadas «maratonianas» para después descansar varios días seguidos en sus ciudades. «Tenemos gente que vive en Burgos, Cantabria, La Rioja, pero también más lejos».
Tres años y mediosin acuerdo Con la transferencia penitenciaria desarrollada en octubre de 2021, la plantilla procedente de la administración central fue reabsorbida por Lakua. En este tiempo no ha habido acuerdo con las condiciones económicas ni con la Relación de Puestos de Trabajo. Hace meses que la plantilla se queja, a través de los sindicatos, de «sobrecarga de trabajo» por «la falta de personal».
Hace ahora cuatro años, cuando la competencia era del Ejecutivo central, había un total 1.616 presos en Euskadi. El último dato conocido, referente a diciembre, eleva la población reclusa a 1.701 personas privadas de libertad. Es un 6% más. «Existe una clara sobrecarga de trabajo y un déficit de personal», denuncian medios internos de la plantilla. En Zaballa, además, hay cerca de setenta funcionarios de baja médica desde diciembre. Para cubrir su ausencia, Justicia movilizó una treintena de interinos, con contrato prorrogable hasta finales de 2027.
«Esos compañeros están de paso, porque buscan hacer puntos para aspirar a otros puestos en la administración vasca. Carecen de experiencia y tampoco les preparan», alertan fuentes de la plantilla.
Aunque Justicia evita pronosticar cuántos de esos «197 solicitantes» lograrán su objetivo, desde la plantilla creen que «se acercarán al 30%». Es decir, cerca de 60 funcionarios que se irán a partir de marzo. Probablemente, habrá algún tipo de prórroga para permitir al Gobierno vasco reajustar su organigrama.
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