«La tasa de basuras va a generar desigualdad según donde viva uno»
Critica el diseño de la ley estatal, que obliga a actualizar la tarifa de ese servicio para los vecinos porque «se ha hecho sin consultar a los alcaldes»
J. M. Navarro
Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:09
La cooperación entre municipios no acaba en Eudel, la asociación vasca que les agrupa. A nivel estatal la referencia es la Federación Española de Municipios ... y Provincias (FEMP). Una entidad que hoy y mañana celebra en Vitoria su quinta asamblea por la Agenda 2030 en plena polémica por la actualización de las tasas de basuras, que se han incrementado significativamente en todas las localidades. Se trata de cubrir los costes de la gestión de residuos atendiendo a una directiva de Bruselas. Pero el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, cree que el error de diseño no es europeo, sino nacional. Esta en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular que impone la tasa y «va a generar desigualdad según donde vivan las familias», advierte.
- Hoy celebran en Vitoria la V Asamblea de Entidades Locales de la Agenda 2030. Se habla mucho de la Agenda pero... ¿qué es exactamente y qué utilidad tiene?
- Es un gran acuerdo que se cerró en 2015 en el ámbito de la de la ONU. Desde la Federación consideramos que los ayuntamientos deben ser los protagonistas a la hora de aplicar la Agenda 2030. Trata de las cuestiones que afectan a los ciudadanos en lo ordinario y promueve conseguir la igualdad, un desarrollo sostenible y otros objetivos que van a impactar en nuestro día a día.
- Hay una parte de la ciudadanía que parece rechazar de plano esta agenda.
- Ahí tenemos que entonar un 'mea culpa' todas las administraciones públicas. Creo que ha faltado comunicación ya que los ciudadanos no han tenido la posibilidad de conocer el auténtico alcance de la Agenda 2030. Si vas preguntando, la inmensa mayoría estaría de acuerdo con avanzar en la igualdad de géneros, en el desarrollo sostenible... Muchas veces cuando se habla del desarrollo sostenible se intenta plasmar uno contrario a la prosperidad de la gente. Desde la FEMP estamos hablando de un desarrollo sostenible que tiene que hacer compatible la protección medioambiental con el progreso económico y social.
«Los ayuntamientos pidieron un impuesto estatal para garantizar la igualdad, pero el Gobierno no atendió esa posibilidad»
- La tasa de basuras es, a nivel nacional, lo que más está disparando la inflación este año. ¿Ha sido un error implementarla casi de golpe en vez de plantear un incremento progresivo?
- Los ayuntamientos se han visto obligados a establecer la tasa de basura por una ley estatal, que traspone una directiva europea. Pero la imposición no se deriva necesariamente de la directiva. Es una de las posibilidades que se ofrecía a los Estados para avanzar en la reducción de residuos, que son objetivos de economía circular que desde la FEMP apoyamos.
- ¿Qué ha ocurrido entonces?
- La regulación de esa ley se ha hecho sin consultar a los ayuntamientos y, por lo tanto, sin respetar la autonomía local. Esa ley no contiene los elementos esenciales que deben configurar la tasa y la forma de calcular su importe. Los alcaldes han acudido a diversos parámetros como es el consumo de agua, el valor catastral o el número de personas que viven. ¿Por qué? Porque la norma no aporta ningún parámetro que facilite calcular una tasa que responda al objetivo de la directiva, que es el pago por generación: que quien más contamine, pague. La ley, además, impone que la tasa ha de ser no deficitaria.
- Sí, que hay que cubrir los costes con esa tarifa.
- Hay que sostener todos los costes del servicio. Antes, los alcaldes podían libremente establecer una tasa o no establecerla. Había ayuntamientos que tenían la tasa, otros que consideraban que con el IBI cobraban ese servicio... Ahora todos tienen que poner tasa y cubrir el 100% del coste. Por lo tanto, en la mayoría de los casos se va a experimentar un aumento notable.
«Están mejorando la calidad del aire allá donde había contaminación»
- Pero, por cómo lo dice usted, parece que el problema es de la norma estatal.
- Bueno, nosotros veníamos advirtiendo de lo que se iba a producir. La ley es muy escueta y no regula con la precisión que debería. Los alcaldes están intentando hacerlo lo mejor posible. Esto va a producir una situación de desigualdad. El mismo tipo de familias va a pagar una tasa u otra según donde viva, en virtud de la regulación que haya hecho el ayuntamiento de turno.
- ¿Y no habría sido deseable buscar otras fórmulas distintas a financiar todo con una tasa, con multas, por ejemplo?
- Quien tuvo la posibilidad de establecer otro sistema fue el legislador nacional. El Gobierno central, a la hora de regular la ley, lo hizo sin consultar a los ayuntamientos. Los municipios plantearon al Gobierno central establecer un impuesto estatal que no tendría por qué ser del 100% y que, al menos, garantizaría la igualdad entre todos los ciudadanos. Esa posibilidad no fue atendida. La FEMP tiene la mano tendida para que todas las fuerzas políticas presentes en ella dialoguen con el Gobierno.
- Vitoria ha optado por una zona de bajas emisiones muy progresiva y suave frente a modelos más estrictos como el de Bilbao. ¿Dónde está el equilibrio?
- Bueno, yo tengo que respetar la autonomía local. Nosotros hacemos una valoración positiva de las zonas de bajas emisiones porque está dando resultados a la hora de mejorar la calidad del aire, sobre todo en aquellas ciudades donde existía realmente problemas de contaminación como Madrid. Y facilita calmar el tráfico la hora de cómo se aplica la zona de bajas emisiones. Pero no hay una regla mágica, cada municipio tiene que adecuarse a su realidad.
Dos jornadas para «reforzar la confianza en la Agenda 2030»
La gran hoja de ruta trazada por los Estados miembros de la ONU en 2015 fijaba una serie de metas y objetivos a cumplir en los siguientes tres lustros. Esta Agenda 2030 acaba de cumplir una década y, por el momento, sólo se ha logrado completar el 17% de los hitos que se pretendían alcanzar.
El programa ha estado en entredicho los últimos años, cuestionado, principalmente desde sectores de la extrema derecha en Europa. Aquí mismo, en Vitoria, durante las protestas agrarias de 2024, se vieron pancartas contra la agenda en una concentración en el Buesa Arena.
Hoy y mañana los municipios de la FEMP quieren reivindicarla en una cita en el Europa a la que se espera asistan alrededor de doscientos compromisarios. El objetivo que se han marcado es «reforzar la confianza» en ese gran compromiso global desde el ámbito de las administraciones locales.
Para ello, alcaldes y concejales de media España -la alcaldesa Maider Etxebarria es vocal de la Junta de Gobierno de la FEMP- van a abordar la cuestión con tres paneles y dos mesas redondas. En ellas se tratarán cuestiones como «el papel de las entidades locales a nivel internacional» para construir esa confianza o «la implicación multinivel de las Administraciones públicas con la Agenda 2030».
El evento contará con mandatarios de municipios como Huesca, Coslada o Benidorm, así como figuras como el director del Secretariado de Coalición Local 2030 de la ONU o la responsable de proyectos de innovación del Ayuntamiento de Braga (Portugal). A la apertura, además, acudirá el ministro responsable de la Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
La ocasión, servirá, una vez más, para que los congresistas conozcan mejor la capital alavesa con visitas a puntos de la ciudad como la Catedral Santa María, el Anillo Verde y «proyectos de naturalización y renaturalización» enmarcados en distintas líneas de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.
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