Las sentencias sobre el euskera dividen al PNV y PSE en Álava

Los abertzales han presentado una iniciativa en el legislativo foral en la que critican las últimas sentencias conocidas que, a su parecer, «no es aceptable que desde los tribunales se pretenda corregir la política lingüística, máxime teniendo en cuenta que se está imponiendo una doctrina 'euskaráfoba'». Una moción que, si bien no ha recibido el apoyo del PNV, ha servido para agrietar, aunque sea momentáneamente, la relación con el PSE.

Porque los jeltzales han denunciado «los golpes recibidos por el euskera» por parte de la Justicia con una sentencia contra la bolsa de trabajo de secretarios municipales convocada por el Gobierno vasco y otra por los perfiles lingüísticos de la convocatoria de más de cien técnicos administrativos de la Diputación de Gipuzkoa. Los socialistas, por su parte, han respondido que no se trata de una «ofensiva judicial» sino que las sentencias simplemente «defienden los derechos laborales de empleados públicos» y han subrayado que no son «subsidarios de nadie». «El proceso de normalización y fomento del euskera se tiene que basar en consensos amplios que necesita de políticas públicas y de un grado de proporcionalidad para poder llevarlas a cabo», ha subrayado su portavoz en Juntas, Josu López Ubierna.

Finalmente, ninguna de las propuestas planteadas ha salido adelante. Y es que la diferencia respecto a lo que sucedió en marzo en las Juntas Generales guipuzcoanas es que el PNV no ha apoyado la moción original de EH Bildu que con «gran preocupación» reclamaba «las reformas legislativas necesarias para dar seguridad jurídica al desarrollo del euskera en la administración». Una decisión que supuso un terremoto en la relación entre jeltzales y socialistas, y que se consolidó cuando el secretario general del PSE, Eneko Andueza, criticó a la formación que dirige Aitor Esteban por «elevar la exigencia» del idioma en el acceso a la función pública.

El abertzale Natxo Urkixo ha lamentado «no poder alcanzar un consenso» con el PNV en Álava y ha demandado «trabajar en favor de los cambios legales necesarios para dar seguridad jurídica al desarrollo del euskera en la administración y al desarrollo de los nuevos instrumentos jurídicos que sea necesario para dar un salto en política lingüística». El jeltzale Jon Pérez, por su parte, ha respondido a la izquierda abertzale que «no corra mucho» porque el objetivo es «dar pasos hacia delante y no andar hacia atrás como el karramarro», por lo que ha pedido «trabajar para llegar a nuestro objetivo».

Una sintonía que ha contrastado con la postura mantenida por el PSE en el Pleno, que ha eludido criticar las sentencias rechazando que existan ataques sobre el euskera y ha rescatado como ejemplo el 'blindaje' del uso de la lengua vasca en las «relaciones comerciales» entre empresas y clientes que EH Bildu recientemente le ha arrancado al Gobierno de Pedro Sánchez. «No hay ninguna sentencia que esté en contra ni del euskera ni de su uso. Lo que se está diciendo es que en esos procesos de consolidación se han cambiado las reglas del juego y que, en esos momentos, el proceso de euskaldunización no cumplía con la normativa», ha respondido.

«Cuando la Justicia corrige a un administrador, no ataca a una lengua, protege a los ciudadanos. La justicia no dificulta la normalización del euskera, dificulta la normalización del sectarismo», ha considerado el juntero del PP Daniel García.