Santo Domingo se harta de esperar

Vecinos de Santo Domingo, ayer para denunciar el abandono de sus viviendas./Ainhoa Górriz
Vecinos de Santo Domingo, ayer para denunciar el abandono de sus viviendas. / Ainhoa Górriz

Los vecinos de los números 40 y 42 denuncian que siguen sin poder acceder a sus casas tras un laberinto administrativo con «resultado nulo»

MAIDER MENDES

Cerca de dos años se van a cumplir desde que familias de la calle Santo Domingo fueran desalojadas de sus viviendas de los números 40 y 42 después de que arquitectos municipales y contratados por el vecindario detectaran problemas estructurales en la medianera del bloque. Desde entonces, las comunidades afectadas aseguran que han seguido todos los pasos que les marcó la burocracia municipal para acceder a ayudas –las obras son caras y a los afectados no les sobran los recursos económicos–, rehabilitar las casas y volver a ellas.

Sin embargo, el laberinto de trámites ha sido demasiado para ellos. Ayer denunciaron que son las propias normas municipales las que les han conducido a un 'culo de saco', y que todo sigue igual. La razón por levantar la voz ayer y no otro día es porque quieren que la Corporación entrante les haga caso.

«Confíamos en que el nuevo equipo de gobierno establezca una solución. Si no, seguiremos con las movilizaciones para poner fin a este problema», apuntó Iker Tapia, uno de los afectados, ante los portales de la calle. Este portavoz, junto a un numeroso grupo de vecinos, recordó los pasos que han dado desde que en octubre de 2017 fueran desalojados de algunas viviendas por su estado ruinoso.

Una factura muy cara

«Parecía que los problemas procedían de una fuga de agua, pero al final eso era de menor importancia. El problema venía de antes y afectaba a la medianera del edificio». El coste de la rehabilitación ascendía a 253.000 euros, a los que hay que sumar 92.000 más para poder subsanar los problemas detectados por la Inspección Técnica de Edificos (ITE), según datos ofrecidos por los propios vecinos. «Estos costes difícilmente son asumibles por las comunidades». Encima, «el Ayuntamiento nos pidió presentar un estudio arqueológico y una dirección de obra, cargos que ascienden a 10.350 euros más y que ambas comunidades acatamos no sin gran esfuerzo económico».

En este tiempo, representantes vecinales se han reunido varias veces con responsables municipales para solicitar ayudas o algún modo de financiación. En febrero del año pasado, en un encuentro con técnicos de Urbanismo, se optó por una línea de ayudas denominada 'ejecución subsidiaria' «por ser un ejemplo de necesidad y no por falta de voluntad». Sin embargo, en una reunión posterior con la exteniente de alcalde Itziar Gonzalo, en noviembre, los vecinos se quedaron perplejos porque «no iba a haber una 'ejecución subsidiaria'. No estaba contemplada. Nos remitió a Ensanche 21 para lograr algún tipo de ayuda 'especial'». Tras pedir una reunión con ellos, en enero, «constatamos que desconocían nuestro caso y nos explicaron que no podríamos acceder a subvenciones por no cumplir el ITE». En resumen, «hemos seguido todos los pasos que nos ha dicho el Ayuntamiento con resultado final nulo».

Para el vecindario, en el Consistorio «sabían de la incapacidad económica de los propietarios. Y nosotros hemos volcado todo nuestro esfuerzo para volver a nuestras casas». Ahora, ante la nueva legislatura, «pedimos que los grupos trabajen para que casos como el nuestro tengan una respuesta».

«Confiamos en que el nuevo gobierno establezca una solución para esta problemática» Iker Tapia, vecino del número 42