SEA anima a los hosteleros a pedir indemnizaciones por las restricciones Covid

El Tribunal Supremo acaba de dar un nuevo varapalo al Gobierno vasco en relación a los cierres de la hostelería decretados con motivo de la pandemia, en invierno de 2020. El pasado día 15, la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal inadmitió el recurso interpuesto por Lakua contra una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ya declaraba nulas las disposiciones relacionadas con el cierre de bares y restaurantes en municipios en Zona Roja (más de 500 contagiados por cada 100.000 habitantes).

La resolución del Supremo supone el quinto revés judicial que cosecha el Gobierno vasco «en su particular conflicto» con el sector, representado por SEA Hostelería-Ostalaritza, la Asociación de Hostelería de Bizkaia y Hostelería Gipuzkoa. Para los colectivos de los tres territorios vascos, la sentencia «evidencia la injusticia cometida al reconocer, de manera clara, la ausencia de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas a lo largo de la citada crisis sanitaria».

«Este respaldo judicial continuado de las tesis defendidas por las tres asociaciones de hostelería de Euskadi, sobre la injusticia y la desproporción de las medidas adoptadas por parte del Consejo Asesor del LABI y, como en el caso que nos ocupa, muchas veces promulgadas a través de un Decreto firmado por el Lehendakari, deberían hacer reflexionar a las instituciones implicadas sobre la capacidad de los integrantes del Comité Técnico del LABI», advirtieron ayer en un comunicado conjunto los hosteleros alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos. A su entender, la sentencia del Supremo también pone el foco sobre «la necesidad de exigir responsabilidades a aquellos componentes del LABI que hoy ocupan cargos de relevancia en el entramado institucional vasco».

Apoyados en una resolución judicial no recurrible, SEA Hostelería-Ostalaritza, la Asociación de Hostelería de Bizkaia y Hostelería Gipuzkoa, animaron a sus asociados, «y a los hosteleros de Euskadi en general» a darle la vuelta a la tortilla y ser ellos, esta vez, quienes actúen contra el Gobierno vasco. Así, invitaron a quienes en su momento hubiesen sido sancionados como consecuencia de las decisiones adoptadas por el LABI que, «mediante la presente sentencia del Tribunal Supremo, han sido consideradas nulas de pleno derecho, exijan la nulidad de dichas sanciones y la devolución de los importes pagados en su caso».

Y van un paso más allá al animar a los afectados a exigir indemnizaciones por los datos patrimonial es sufridos por el cierre impuesto. Podrán hacerlo una vez que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi sea firme y se publique en el Boletín Oficial del País Vasco. A partir de ese momento «se iniciará el plazo de un año para que los establecimientos hosteleros afectados económicamente por el cierre de sus locales como consecuencia de las medidas adoptadas en su día por el LABI, y declaradas ahora nulas de pleno derecho, reclamen». Al Tribunal Supremo ya han llegado más de 2.000 demandas de hosteleros de toda España contra el Gobierno central por las restricciones puestas en marcha durante los estados de alarma anulados posteriormente por los jueces.

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