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Los alumnos de la UNED cuentan ya los días que faltan para acabar el curso –y algunos también sus estudios– pero el debate sobre la ... situación económica de su centro en Vitoria tras el recorte presupuestario ejecutado por el Gobierno vasco para 2019 no parece que vaya a tomarse vacaciones. De hecho, el asunto se coló este jueves en el Parlamento autonómico durante una proposición no de ley registrada por el PP para el cumplimiento de la prórroga de las Cuentas de 2018. La institución educativa ubicada en Pedro de Asúa recibió entonces 197.000 euros de las arcas de Euskadi, un 51% más que la partida aprobada para este año (96.100 euros), lo que encendió una discusión donde PNV y PSE –grupos que conforman el Ejecutivo de Iñigo Urkullu– se quedaron solos. «La UNED es una universidad española», llegó a argumentar el jeltzale Gorka Álvarez para sustentar la decisión de Lakua.
Las formaciones de la oposición coincidieron en reclamar un mayor apoyo económico desde Euskadi a la UNED en Vitoria, donde estudian hoy alrededor de 2.000 alumnos entre matriculados en grados, másteres, cursos de acceso, formación permanente e idiomas que de otra forma no tendría acceso al sistema universitario. «¿Que depende de la financiación de Madrid? Sí y no. No sólo de la de Madrid, sino de todas las instituciones vascas», planteó Antón Damborenea desde el PP. Su partido logró, vía enmienda, sumar 100.000 euros a la cuantía que inicialmente iba a destinarse a estas instalaciones en el presupuesto autonómico de 2018 y que finalmente quedó en 197.000. El recorte de esa partida, y sobre todo las palabras del parlamentario del PNV, demuestran «sectarismo y hasta racismo sabiniano», advirtió Damborenea.
La UNED posee tres centros adscritos en el País Vasco (Vitoria, Portugalete y Bergara) que se reparten cada año 400.000 euros procedentes de las arcas autonómicas. Un 10% para cada uno de ellos y el resto, en función del número de estudiantes. En el entorno más cercano, en Pamplona por señalar un ejemplo, el Gobierno navarro ha reservado en 2019 hasta 1,2 millones de euros para su centro de Pamplona. El 40% de lo que abonan los matriculados «se queda en nuestra comunidad», lamentó Álvarez (PNV), que reclamó que igual que se exige más financiación se pida también que «revierta» el 100% del dinero por las matriculaciones. La universidad a distancia, además, «no está regida por criterios académicos de nuestro sistema universitario, ni cumple criterios de inserción laboral, ni sobre necesidades sociales de Euskadi». «Pese a ello hay un convenio de colaboración», zanjó el peneuvista. En ese patronato están también el Ayuntamiento vitoriano (100.000 euros de aportación), que demandó al Gabinete Urkullu que mantuviera la aportación inicial cuando estalló la polémica, y la Diputación alavesa (216.000).
FINANCIACIÓN
En este enfrentamiento, el PSE defendió que la UNED «debe ser una prioridad para todos», pero apeló a la prórroga presupuestaria al referirse a la polémica reducción de la partida. «Se entenderán prorrogadas las actualizaciones de gasto destinadas a subvenciones siempre y cuando no financien programas o actuaciones que debieron finalizar en 2018», explicó José Antonio Pastor. La oposición realizó justo la lectura opuesta y abogó por reeditar la aportación tal y como se ejecutó el pasado año. «El cumplimiento de la ley va según les convenga», criticó Rebeka Ubera desde EH Bildu, quien aseguró que la financiación de la educación «será siempre bienvenida y nos parecerá poca». En la misma línea se pronunció Iñigo Martínez desde Elkarrekin Podemos. El coste para las arcas públicas de la universidad a distancia, defendió, «es más que asumible sobre todo por la rentabilidad social que tiene». «La UNED también es vasca», reiteró.
En el mismo sentido se pronunciaron hace unos meses, cuando se conoció la decisión del Gobierno vasco, profesores y alumnos de la UNED en Vitoria, que defendieron sus cuatro décadas de trayectoria y las posibilidades que ofrece a miles de alumnos cada año. Desde personas con responsabilidades familiares a otras que simultanean estudios y trabajo. La propia directora del centro, Teresa Imízcoz, alertó del «estado de emergencia» en el que se quedaba la institución educativa con este recorte y que podía frenar la ampliación de la oferta académica u obligar a los estudiantes a tener que desplazarse a otras ciudades.
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