La proporción de alumnado «vulnerable» aumenta en todas las zonas escolares de Álava

Han pasado dos cursos y ese grupo de escolares va a empezar 1º de Infantil (tienen 4 años). Y, según los datos oficiales publicados por el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI-IVEI), la proporción de alumnado vulnerable aumenta en todo Álava en este grupo de edad. La subida se ha dado tanto en las cuatro zonas escolares en las que está dividida Vitoria como en Llodio y Amurrio.

El mayor incremento se ha registrado en el área que engloba los barrios de Txagorritxu, Ibaiondo y Lakuabizkarra; seguido de los colegios de Salburua, Judimendi y Arana. En ambos casos con incrementos superiores al 7%. En el otro extremo, las zonas más estables son Amurrio y el área 3 de la capital alavesa en la que se incluyen centros ubicados en los distritos de Mendizorroza, Adurza y Zabalgana.

Educación considera «vulnerable» a los alumnos que cumplen alguna de estas características: tienen necesidades educativas especiales, retraso madurativo, trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastornos de atención o de aprendizaje, altas capacidades intelectuales, desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeducativa, se han incorporado tarde al sistema educativo o cuentan con condiciones personales o de historia escolar delicadas.

A edades tan tempranas -hablamos de niños de 2 a 4 años- es complicado detectar necesidades educativas especiales o trastornos de desarrollo. La vulnerabilidad, por tanto, se limita casi en todos los casos a las condiciones socioeconómicas de la familia o al desconocimiento grave de la lengua de enseñanza.

Y esto entronca con uno de los grandes desafíos de la educación vasca: la acogida de alumnado foráneo. Porque más del 95% de los escolares autóctonos se matriculan en el sistema educativo con 2 años. Eso significa que la mayoría de los nuevos estudiantes durante los siguientes cursos llegan de fuera de Euskadi. Y, según los datos del departamento, tres de cada cuatro son extranjeros. La mayoría, vulnerables, por el tipo de inmigración que atrae el País Vasco -de baja cualificación- y, desde luego, desconocedores de la principal lengua de aprendizaje, el euskera.

Esto supone un problema porque Educación calcula que, en el aula de dos años, un 20% del alumnado es vulnerable. Sin embargo, en dos cursos, esa proporción ha aumentado de forma significativa (un 6% de media en Álava). En algunas zonas incluso alcanza el 34% y todo apunta a que seguirá al alza en el futuro. Lo que, por un lado, obliga a los colegios a reservar aún más plazas para este colectivo y, por el otro, hace que los docentes enfrenten situaciones cada vez más complejas.

La forma que tiene Educación de saber si un alumno es o no vulnerable es con un test que luego no se coteja. Cuando las familias matriculan a su hijo por primera vez o cuando quieren cambiarlo de colegio rellenan un cuestionario en el que, entre otros asuntos, se les pregunta por el número de libros en casa, el acceso a plataformas de 'streaming', los ordenadores y dispositivos electrónicos en el hogar, cuántos baños tienen... Es una herramienta que se utiliza en pruebas como PISA.

Esta forma de determinar la vulnerabilidad ha generado varias polémicas desde que comenzó a aplicarse. Distintos agentes educativos -sindicatos, patronales, AMPAS...- han denunciado que es «opaca» y fácil de manipular. Piden emplear otros datos más objetivos, como la renta familiar, igual que se hace con las becas.

En lugares como Cataluña, pionera en la lucha contra la segregación, se utilizan otros indicadores. Según explica María Segurola, de la Fundació Bofill, la Generalitat toma como referencia las familias atendidas por los servicios sociales; las becas; los alumnos diagnosticados con necesidades especiales y los recién llegados en el último año. Es un trabajo que se realiza en estrecha colaboración no sólo con servicios sociales, sino con los ayuntamientos y las oficinas municipales de escolarización. La experta señala que no se cotejan los datos de renta porque «es complicado», sobre todo en el caso de familias extranjeras. En cualquier caso, Segurola afirma que las medidas contra la segregación «están funcionando», aunque aún hay mucho por avanzar en este sentido.

Una de las grandes diferencias con Cataluña es que allí la Administración financia la acogida de vulnerables en las escuelas. Mediante un programa llamado 'mochilas escolares', paga 988 euros a los centros concertados y 364 a los públicos por cada estudiante desfavorecido, con el objetivo de que la escolarización sea completamente gratuita para las familias.

Otra gran diferencia es que en Cataluña primero se alcanzó un pacto social que implicó a partidos, asociaciones, agentes educativos, sindicatos... Y luego se desarrolló la normativa. En Euskadi sin embargo se ha hecho a la inversa. De hecho, fuentes oficiales de Educación emplazan a abordar el fenómeno en una eventual mesa que dé a luz un pacto social. Se trata de una iniciativa que lleva años en la agenda del Gobierno pero que aún no ha cristalizado.