«No pedimos ayuda, solo pagar un piso para nuestro hijo», suplica un padre de un niño con discapacidad

Cristian juega con su hijo (con un 75% de discapacidad) en el piso del que iba a ser desahuciado esta semana, aunque ha conseguido algo más de plazo./Blanca Castillo
Cristian juega con su hijo (con un 75% de discapacidad) en el piso del que iba a ser desahuciado esta semana, aunque ha conseguido algo más de plazo. / Blanca Castillo

Cristian logra 'in extremis' aplazar dos meses su desahucio en Vitoria; pero sigue sin ver luz al final del túnel

Judith Romero
JUDITH ROMERO

Todo padre quiere lo mejor para sus hijos, y Cristian Gendra se trasladó al barrio de Salburua desde Alegría hace tres años junto a su mujer para concedérselo al suyo. El niño, de 5 años, tiene reconocida una discapacidad del 75%, una insuficiencia renal y problemas neurológicos, entre otros. Esta familia se instaló en un piso de la capital alavesa para otorgarle un espacio en el que satisfacer todas sus necesidades. «En agosto cumpliremos tres años aquí, si llegamos. Teníamos una orden del desahucio para ayer, el 30 de mayo, aunque hemos podido aplazar la salida dos meses», explica Cristian.

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La irregularidad en los pagos, derivada de los precarios contratos que enlaza Cristian, está tras esta orden de lanzamiento. Admite que tuvo dificultades para abonar a tiempo las cuotas -de 500 euros más 50 de gastos- durante algunos meses. «Nos endeudamos bastante cuando pasamos 116 días con el niño en el hospital. Trabajo como repartidor, me desvivo y hago las entregas que sean necesarias para pagar lo que haga falta. Si un mes no he llegado al plazo, el siguiente he pagado mil o dos mil. Ojalá pudiera pagar al día», explica Cristian. «Mi hijo necesita estabilidad y para nosotros abonar 3.000 euros de fianza para entrar a un piso nuevo es imposible».

No obstante, no todas las historias de desahucios tienen intereses inmobiliarios, bancarios o lucrativos detrás. Al otro lado también puede haber una persona con sus propias necesidades, como ocurre en este caso. El piso de Cristian está gestionado por la Fundación Tutelar Beroa, que asume la tutela de los bienes de personas que no pueden hacerlo por sí mismos. En este caso, la propietaria del piso que ocupa la familia de Cristian es una mujer nonagenaria que necesita los ingresos del alquiler para abonar su residencia y las consultas médicas. De hecho, la señora tiene la vivienda en usufructo. «Entendemos la situación de Cristian y esto no es plato de buen gusto para nadie, pero también debemos garantizar el bienestar de nuestra tutelada y ella no puede hacer frente a impagos», explican desde la Fundación. Esta asociación sin ánimo de lucro ofreció varias oportunidades a la familia afectada para evitar un lanzamiento, y ha cedido una vez más para evitar que Cristian y los suyos se queden en la calle.

Informe de vulnerabilidad

Gracias a ello, Cristian, su mujer y su hijo dispondrán de dos meses más para encontrar una vivienda en la que dar al pequeño lo que necesita. En la mañana de ayer, Cristian se disponía a trasladar sus pertenencias a una lonja alquilada de urgencia tras llevar a su hijo al colegio. Pero el nuevo acuerdo les da un poco aire, aunque no permita todavía ver luz al final del túnel.

El Ayuntamiento de Vitoria parece haber colaborado en este aplazamiento. Hasta esta semana no había tenido conocimiento de la situación de la familia, pero ha emitido un informe sobre su situación de vulnerabilidad al Gobierno vasco para que la familia de este niño acceda a un alquiler social de la mano de Etxebide, preferiblemente antes de agosto. En las últimas semanas Cristian consiguió un trabajo como 'rider' para Glovo, repartió propaganda sin descanso e incluso dejó de pagar facturas de la luz para reunir el dinero suficiente para abonar las cuotas atrasadas, que llegaron a alcanzar los 4.000 euros. «No pedimos ayudas ni que nos regalen nada, sólo queremos encontrar un piso cuyo alquiler podamos pagar para atender a nuestro hijo».