Los padres del joven fallecido en Mítika exigen sanciones contra la discoteca y la empresa de seguridad

Un proceso que puede iniciarse de forma autónoma, independientemente de que exista o no un procedimiento penal en curso, si se basa en hechos objetivos constatados mediante inspecciones o con al menos cuatro atestados policiales. «Su finalidad es preventiva y disciplinaria, no penalizadora», subrayan. Esto podría desembocar en multas de 30.001 a 150.000 euros, la suspensión de actividad de uno a tres años, la revocación de la autorización, la inhabilitación desde seis meses hasta un año y medio para realizar la actividad, y el decomiso temporal de los bienes relacionados con ella.

Los padres afirman que antes de la agresión, «que ha sido calificada judicialmente como asesinato con alevosía, o en su caso como homicidio doloso» ya existían «elementos más que suficientes para que el Ayuntamiento de Vitoria actuara por la vía administrativa, con el fin de prevenir y sancionar las infracciones muy graves». Creen que la vía administrativa hubiese servido «con el fin de prevenir y sancionar las infracciones muy graves cometidas por los trabajadores del servicio de admisión, y toleradas tanto por el establecimiento recreativo como por la empresa contratante».

«Ambas empresas eran conocedoras del comportamiento de estos empleados y del uso de un espacio sin cobertura de cámaras de seguridad para llevar a cabo las agresiones, sin que adoptaran medida correctora alguna al respecto», acusa la familia del joven fallecido el 23 de febrero. «La gravedad de lo ocurrido deriva de la ausencia de control efectivo sobre los empleados encargados de la seguridad, incurriendo así en una actitud de tolerancia, o incluso de amparo explícito, frente a actuaciones que vulneran gravemente la normativa vigente», recalcan en el texto con fecha 26 de junio.

«La inacción de la administración competente -en este caso el Ayuntamiento- trasladaría a la sociedad un mensaje institucional de impunidad frente a conductas violentas que representan un alto riesgo para la seguridad colectiva», concluyen.