Los padres del fallecido en Mítika exigen más control a las empresas de porteros de discoteca

En el escrito, detallan la necesidad de que estas firmas «velen por que sus trabajadores respeten estrictamente las normas de actuación establecidas». Asimismo, exigen que el no cumplimiento de estos puntos implique «una falta muy grave que derive en la suspensión de la actividad» de la compañía de seguridad contratada.

La propuesta solicita la instauración de «un protocolo de inspecciones habituales y con una metodología adecuada» en la seguridad con videovigilancia obligatoria y eficaz. También la revisión de documentación, tales como contratos, antecedentes penales o pólizas de seguros.

De la misma manera, los padres del fallecido reclaman la «comprobación inmediata de comportamientos violentos o denuncias que lleven a sanciones concretas por una vía administrativa, ágil rápida y efectiva», así como la «revisión de los protocolos de apertura de atestados en los casos de violencia en los servicios de admisión del ocio nocturno» para que «en ningún caso se dé principio de veracidad» a las declaraciones de estos trabajadores.

Una vez concluido el plazo para presentar alegaciones, el Departamento de Seguridad deberá ahora dar respuestas a las cinco alegaciones que ha recibido. El Ayuntamiento de Vitoria ha pedido una suerte de «inhabilitación exprés» para aquellos que hayan tenido «comportamientos manifiestamente violentos» durante el desarrollo de su labor.

Kerman, de 31 años, perdió la vida en la madrugada del 23 de febrero tras recibir un «golpe» en la cara por parte de un empleado de seguridad en el acceso a Mítika. El portero se encuentra en prisión como presunto autor de un delito de «homicidio doloso o asesinato con alevosía» a la espera de juicio. Desde esa fecha, los padres del joven han reclamado sanciones contra la propia discoteca, así como para la empresa encargada de controlar la entrada. «Ambas eran conocedoras del comportamiento de estos empleados y del uso de un espacio sin cobertura de cámaras de seguridad para llevar a cabo las agresiones, sin que adoptaran medida correctora alguna», acusaba la familia en julio.

En estos meses también han manifestado su convicción de que el Ayuntamiento no actuó con la diligencia oportuna. A su juicio, los responsables del Departamento de Seguridad contaban con «elementos más que suficientes» para actuar antes del suceso.