Ordenan el desalojo del exetarra que alquiló su piso social durante casi 5 años en Vitoria

Atacó con un destornillador a una inquilina, de la que el Gobierno vasco desconocía su existencia. Aparte de que esta práctica está completamente prohibida para esta clase de viviendas cuyos alquileres se sitúan muy por debajo de mercado. Se idearon para que los disfruten ciudadanos en situación vulnerable.

Siete meses después de su detención por la Ertzaintza, el organismo autonómico le demandó por «incumplimiento contractual», proceso que acaba de sellarse después de que las partes recibieran esta misma semana la resolución definitiva.

En este sentido, gracias a los testimonios recabados por la Audiencia Provincial de Álava y por el Juzgado de Primera Instancia número 1, que ya le condenó a irse en mayo aunque Latasa Getaria recurrió, hay constancia oficial de que –al menos– subarrendó la propiedad a tres personas diferentes. Según sus declaraciones le abonaban entre 300 y 600 euros al mes. Es decir, se embolsó unos 10.800 euros cada año.

Y como mínimo, presuntamente desarrolló esta práctica irregular por espacio de 4 años y 8 meses, a tenor de su contrato presentado en sede judicial por Alokabide. Sin embargo, en su portal aseguran que «lleva haciéndolo desde 2010, cuando llegó aquí». La sociedad pública jamás se ha pronunciado sobre este caso al «no poder proporcionar datos sobre expedientes concretos», en referencia a personas individuales.

La investigación judicial ha revelado mensajes de whatsapp con sus clientes en los que «se habla sobre el precio que se pacta» para cada mensualidad. Y también hay una referencia «al cambio del bombín en la cerradura» de la puerta principal.

La realidad es que, ya sea en esos quince años o durante casi cinco, Latasa Getaria apenas ha pasado semanas sueltas en esa dirección, cercana a los humedales de Salburua. «Es increíble la gente que ha pasado por ese piso. Unos han estado un año; otros, medio. A él se le ve muy poco por aquí», insisten sus vecinos.

Sí lo estaba haciendo el 4 de febrero del año pasado, cuando acabó detenido por la Ertzaintza tras herir con un destornillador a una mujer en el interior de ese domicilio. Luego se descubrió que era una de sus inquilinas. «Les cobraba 600 euros: 300 a ella y otros 300 a su hija», deslizan fuentes conocedoras del caso ahora cerrado. La vivienda cuenta con una superficie de unos 70 metros cuadrados. Asimismo dispone de una plaza de garaje y un trastero. La sentencia, que sólo incluye su desahucio pero ninguna sanción económica, sí le condena a pagar las costas de este proceso por la vía civil.

El aún titular del alquiler social, insisten en su manzana, «reside en realidad en Madrid, donde tiene una amiga. Allí incluso le trataron del corazón». Medios internos del servicio madrileño de Salud confirmaron que ha tenido revisiones «con un cardiólogo en el Hospital Carlos III».

Este antiguo terrorista, natural de Ordizia y nacido en el año 1948, dejó la lucha armada para colaborar con la Justicia. A partir de ahí entró en el sistema vasco de protección social. De no ser por esta sentencia, su arrendamiento en Salburua se hubiera alargado hasta marzo de 2026. Paga una renta mensual de unos 254 euros.

La tarde de febrero que atacó a su subarrendada estuvo un tiempo desaparecido. «Se marchó y se refugió en una cafetería cercana antes de que tomáramos el bloque», recuerda una ertzaina consultada. Consumió dos cafés y de ahí se fue al cine.

Lo más relevante es que pidió factura de todo. Probablemente, explican las mismas fuentes, para fabricarse una coartada. Pero no contaba con que su víctima le grabó. Dos días después, el 6 de febrero, aceptó una pena del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de «20 meses de alejamiento» de la agredida, quien dejó el piso.