Sanciones de casi 100.000 euros a la discoteca Mítika, a la empresa de seguridad y a cuatro porteros tras la muerte de Kerman

Por partes. El expediente sancionador todavía no se ha cerrado; la resolución definitiva llegará tras analizar las alegaciones que habrán de presentar los implicados. Con todo, Interior apunta en una dirección clara: las infracciones detectadas serían de tal entidad que merecerían sanciones elevadas. En total se acercarían a los 100.000 euros.

Así, la sociedad titular de la discoteca se enfrenta a una multa de 30.000 euros «por contratar a sabiendas un servicio de seguridad con una empresa que no está autorizada para el desarrollo de estos servicios». Un hecho que está tipificado como infracción muy grave en el art. 59.1a de la Ley de Seguridad Privada.

La empresa responsable de la seguridad se enfrenta a 40.000 euros de sanción «por prestar servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorización para ello». Un hecho que, al igual que el anterior, se considera infracción muy grave según refleja el artículo 57.1a.

Por último, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, señala directamente al personal que desempeñaba funciones de vigilancia aquella noche. Apunta, en concreto, a cuatro porteros a los que les impone un castigo económico de 6.001 euros para cada uno «por ejercer funciones de seguridad privada para terceros careciendo de la habilitación necesaria (infracción muy grave del art. 58 1 a)».

La propuesta de castigo que traslada el Gobierno vasco como resultado de la investigación que ha seguido la dirección de Juegos y Espectáculos se conocen una semana después de que el acusado del golpe mortal abandonara la cárcel de Zaballa, en la que permaneció ocho meses. Lo hizo después de que su familia pagara los 6.000 euros de fianza impuestos por la Audiencia Provincial de Álava, una vez que el suceso mortal fue calificado como «homicidio imprudente o lesiones con resultado de muerte» o como un «delito de lesiones en concurso ideal con un delito de homicidio cometido por imprudencia». Es decir, se rechazó la calificación de las acusaciones particulares y del juzgado instructor, que apreciaron «un homicidio o asesinato».

La familia del joven expresaba horas después su «profunda preocupación y desasosiego» y el «daño moral» que sufrieron    tras conocer el auto de la Audiencia Provincial de Álava, puesto que la nueva calificación supone que la pena a la que se enfrentará el portero será más baja. Fuentes judiciales hablan de «un máximo de cinco a siete años» de cárcel.