«Ahora las mujeres denuncian más y se obtienen condenas»

«Ahora no hay semana en que no tramitemos una denuncia, cuando hace veinte años el promedio era una cada mes o mes y medio». La revelación sale de boca de varios ertzainas destinados en las diferentes comisarías de Álava, la provincia vasca con mayor incremento (73%) de las agresiones sexuales con penetración, según el último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior. Jueces, fiscales, abogados y policías sondeados por EL CORREO coinciden en marcar el pasado 2024 como el punto de inflexión. Hablan de «subida brutal» de los atestados.

«Cuando tomé posesión del juzgado hace tres años era muy raro encontrarse con una agresión sexual. En 2023, la situación cambió, pero el verdadero auge de este delito se ha producido a lo largo del año pasado», traza Jesús de Abajo, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria. «No es que antes hubiera menos agresiones sexuales, es que ahora se denuncian y se condenan», le acompaña Camino Méndez, fiscal de Violencia de Género en la capital alavesa.

Apunta la representante del Ministerio Público a la ley del 'sí es sí' de Irene Montero que, aunque paradójicamente ha permitido cientos de rebajas de condenas a violadores, también ha conferido más peso a las víctimas. Según este polémico texto legal, debe existir «consentimiento expreso» para que dos personas mantengan relaciones íntimas.

La Audiencia Provincial de Bizkaia condenó el viernes a un hombre a 9 años de prisión por abusar sexualmente de una mujer semiinconsciente y permitir que un cómplice -en paradero desconocido- lo grabara todo. Casi todos los miércoles, la Audiencia Provincial Álava procesa a varones acusados de forzar a mujeres, la mayoría pertenecientes a sus entornos familiares. Los hechos se remontan siempre a un par de años atrás, como mínimo.

«Hablamos de investigaciones sobre asuntos muy íntimos, que afectan profundamente desde el punto de vista psicológico y mental. Muchas veces nos encontramos con víctimas rotas. Otras, se mantienen más estables y quieren contarlo y que su agresor sea condenado», ilustra Méndez.

«Los datos en bruto asustan, pero luego hay que separar bien», aleccionan ertzainas y policías locales curtidos en esta delincuencia. Una investigación judicial sobre una supuesta ataque sexual no suele bajar de los 24 meses porque, entre otros condicionantes, suele producirse sin testigos. Entremedias, los juzgados de Instrucción -encargados de localizar evidencias para un futuro juicio por la vía penal- suelen imponer órdenes de alejamiento a los sospechosos como medida de protección. «Cuando el supuesto autor está identificado, ahora hay más protección desde el minuto uno», asiente una jueza destinada en Bilbao. Y, en los supuestos más graves, suelen mantenerse hasta el día del pleito.

Por contra, esa complejidad innata está provocando un fenómeno curioso en varios palacios de Justicia de la comunidad autónoma. «Algunos juzgados se están tensionando por, entre otras razones, la tramitación de estos asuntos», coinciden magistrados de Álava y Bizkaia.

«Cuando el delito se produce en el ámbito familiar siempre es más fácil identificar al presunto autor y la causa avanza más rápido. Si es un ataque callejero o se produce tras un encuentro puntual en una noche de fiesta, el índice de arrestos desciende así como el porcentaje de resolución», atajan magistrados, ertzainas y policías locales. De hecho, un número relevante de este segundo bloque de causas maneja muchas probabilidades de acabar archivado.

¿Y cuál es el perfil de las víctimas? «Aunque hay de todo tipo, sí hemos detectado un mayor número de casos entre jóvenes que acaban de alcanzar la mayoría de edad», precisa Jesús de Abajo, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la capital alavesa.

En este contexto, la fiscal Méndez aboga por la «educación» como hipotética solución a largo plazo. «Muchas veces, la Justicia es lenta, quizá no siempre es acertada, pero solamente presentando denuncias se logran condenas».

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