El Movimiento Feminista pide cambiar de centro al agresor sexual que comparte ikastola con su víctima

Los hechos ocurrieron en junio del 2023 en la capital alavesa en un espacio ajeno al centro escolar, concretamente en las piscinas de Mendizorroza. Un año después llegó la sentencia condenatoria de «delito de agresión sexual a menor de 16 años sin violencia ni intimidación ni acceso carnal». Entre las medidas ordenadas por la jueza destaca el mantenimiento del veto al agresor de interactuar con su víctima hasta octubre, pero esa orden contiene una particularidad. Fuera de la ikastola alcanza los 200 metros, pero dentro del recinto se rebaja a sólo diez metros. Una directriz contra la que cargan desde la agrupación feminista.

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«Nos preguntamos qué criterio sigue una medida que considera que en unos espacios la distancia adecuada es de 200 metros y en otros de 10 metros. El contacto visual y verbal es constante en los 10 metros establecidos para el centro escolar», censuran. Esta decisión judicial, denuncia el Movimiento Feminista, «vulnera el derecho a vivir con libertad y seguridad y a recuperarse del daño sufrido».

También critican que durante el año transcurrido entre la agresión sexual y la sentencia condenatoria, en la que sobre el atacante pesaba una orden de alejamiento, «la quebrantó en varias ocasiones dentro del recinto», «incluso uno de los quebrantamientos se produjo en presencia de la Policía Local, que denunció los hechos, pero la jueza sobreseyó la denuncia», afean.

Mientras tanto, la víctima ha tenido que recibir asistencia psicológica y tanto su estado de salud como su rendimiento escolar se han visto «comprometidos», lamentan. «Existen informes que aseguran que es extremadamente difícil poder asegurar el cumplimiento de la medida judicial en el entorno escolar», sostiene la agrupación, que incide en que continuar sin cambios «solo agravará está situación». Las medidas que reivindican «se basan en el reconocimiento del dolor causado y el respeto al espacio» de la víctima. «Sobre todo cuando la menor agredida y su familia así lo han solicitado», recalcan.

Desde el Movimiento Feminista también interpelan directamente a la Consejería de Justicia del Gobierno vasco «por considerar que la medida de protección establecida por la jueza vulnera los derechos de la víctima»; y a la de Educación «por su responsabilidad en que en los centros escolares se vele por la seguridad de todo el alumnado».