La mitad de los usuarios de residencias privadas de Álava recibe una ayuda foral para pagarla
La cuantía media de las denominadas PEVS va desde los 575 hasta los 911 euros en función del grado de dependencia
La red privada de residencias y viviendas comunitarias de titularidad privada suma 2.242 plazas en Álava (1.598 situadas en Vitoria y 644 en ... el resto del territorio histórico). Pues resulta que, según los últimos datos a los que ha tenido acceso EL CORREO, casi la mitad de esos usuarios (1.187) recibe una ayuda de la Diputación para cubrir en parte un gasto que fluctúa entre los 3.300 y los 3.900 euros mensuales en el caso de una habitación individual con atención continuada. Esa aportación foral denominada prestación vinculada al servicio, más conocida por el acrónimo PEVS, supone 575,30 euros en el caso de un grado I (quienes necesitan ayuda para realizar actividades básicas de su vida diaria), los 911,90 euros en el tipo II -dependencia severa- y los 1.133 en el III, es decir, una pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o de carácter sensorial.
No todas son personas que estén en un geriátrico privado esperando a lograr una plaza pública. De hecho, entre esos 1.598 perceptores de las PEVS hay 742 que han pedido un aplazamiento voluntario para que les asignen plaza pública o concertada. En esa categoría se puede incluir a quienes están satisfechos en su residencia actual y no se quieren cambiar -pese al importante desembolso que les supone- o a aquellos que les han ofrecido una plaza en un centro foral que no es de su gusto (normalmente por su ubicación) y piden el aplazamiento para no perder ese derecho en el futuro.
Según los datos aportados por el Departamento de Políticas Sociales que dirige Gorka Urtaran (PNV) a la juntera de EH Bildu Claudia Venceslao, el importe medio mensual de una PEVS en 2024 fue de 709,33 euros. De ahí se puede deducir que la gran mayoría de las ayudas recaen en personas con un grado I de dependencia. Eso es ciertamente lógico, pues los casos II y III son quienes tienen derecho a acceder a una plaza pública.
¿Y qué sucede con los que permanecen en un centro privado y no perciben ninguna clase de subsidio? Pues les corresponde hacer frente al gasto íntegro porque no tienen reconocido ningún grado de dependencia o directamente no cumplen con los requisitos establecidos por la administración.
En base a la respuesta remitida al legislativo, hay 520 personas que llevan más de dos años cobrando una PEVS; 277, entre uno y dos años; 177, más de seis meses y 213 que lo hacen desde hace apenas unos meses. El tiempo medio de respuesta desde que se solicita la prestación hasta la asignación es de 57 días en la actualidad por 53 que se tardaba de media en 2024. En cualquier caso, el plazo legal máximo es de tres meses y medio.
Quienes tienen la fortuna de disponer de una plaza pública o de tipo concertada también tienen que hacer frente a un copago. La tarifa media anual para ese millar de plazas públicas es de 14.860 euros por residente, que asciende hasta 18.632 euros para quienes dispongan de una capacidad económica (a través de su pensión, rentas u otra clase de ingresos) superior a 2.000 euros mensuales.
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