«Si me meten en la cárcel no podré devolver el dinero», advierte al jurado el expresidente de Ribaguda
«Estamos ante un caso claro de corrupción», advierte el fiscal sobre la desaparición de 145.000 euros de esta junta administrativa alavesa. Los nueve ciudadanos desvelarán su veredicto mañana
«Para mí, este proceso ya ha sido un escarmiento. No he hecho las cosas que debería. Pero si me meten en la cárcel, ... allí no podría cerrar las gestiones ahora abiertas para devolver el dinero». Así ha sido la última palabra del que fuera regidor-presidente de la junta administrativa de Ribaguda, procesado por apropiarse supuestamente de 145.000 euros de este concejo alavés, ubicado unos 30 kilómetros al Sur de Vitoria.
Este mediodía de miércoles, tras completarse dos sesiones, el primer juicio con jurado popular del año en Álava ha quedado visto para el dictamen de los nueve ciudadanos anónimos encargados de dirimir si este «agricultor» es culpable o no de un delito de malversación de caudales públicos. Le acusan penalmente de vaciar las cuentas de este concejo durante su último mandato, entre 2009 y diciembre de 2013. El veredicto se espera para mañana, jueves.
Esta última jornada, que se ha alargado por espacio de cinco horas, ha servido para arrinconar un poco más al único encausado. Su sucesor en el cargo, que ha declarado esta mañana, le ha dejado en mal lugar. Y sobre todo, ha certificado que en abril de 2014, en un encuentro que mantuvieron para exigirle explicaciones por el vaciado de las cuentas de Ribaguda, el encausado «admitió su responsabilidad».
«Dudo de que se cobre»
Se supone que robó hasta 145.000 euros. Finalmente se ha tomado la valoración del Tribunal de Cuentas como referencia, unos 12.000 euros menos de lo estimado en un primer momento. Esa actividad ilícita se produjo entre 2009 y el final de su mandato.
Sacó 25.000 euros por una supuesta «permuta de terrenos», de la que no hay pruebas. También extrajo otros 75.000 euros por un préstamo decidido, en principio, sólo por él. Y el resto corresponde a múltiples extracciones durante varios años por gastos de representación. El cargo que le sucedió ha dicho que «ahora tenemos una asignación fija de mil euros al año», una cantidad sensiblmente inferior al autootorgado por el procesado.
El fiscal, en su alegato final, ha remarcado las «irregularidades» en todas estas operaciones, presuntamente realizadas a espaldas de la junta. El acusado señaló el martes que el préstamo lo cogió para solventar los rescoldos de un divorcio complicado y una mala racha económica. Ante eso, el representante del Ministerio Público ha apostillado que «una persona que está pasando por una situación difícil no puede meter mano en la caja pública. Esto es corrupción. Normalmente lo asociamos con otros niveles, pero esta persona ha cogido dinero público para sus gastos ordinarios».
En su alocución, el fiscal también ha admitido que «tengo mis dudas de que se puedan cobrar» los 145.000 euros ahora en paradero desconocido.
En 2017, el Tribunal de Cuentas de Madrid ya le condenó a devolver esa cantidad. Aún no ha entregado ni un euro. Hoy miércoles, el señalado ha vuelto a apelar a una posible venta de una parcela de su familia. Dicho negocio podría estar listo para «septiembre u octubre» y le reportaría «unos 100.000 euros». Pero, según ha solicitado, ese negocio «no lo podría cerrar desde la cárcel».
El delito del que le acusan está penado con seis años de cárcel. Si mañana sale condenado, los años totales a la sombra los estipulará el presidente de la sala alavesa, el magistrado Jesús Poncela.
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