La mayor banda de narcos de Vitoria se libra de entrar en la cárcel

Porque la conocida en círculos policiales como «la banda de Lahssan Akhrouf» debía responder por su sonora detención, hace nada menos que 46 meses. El 30 de marzo de 2016, en un operativo sin precedentes, la Policía Local completó cinco registros simultáneos. Accedió a cuatro domicilios de estos narcos y a su centro de operaciones, el bar Lemos, en el barrio de Arana. Culminaba un año de seguimientos.

Hubo diecisiete detenidos, todos de origen magrebí salvo tres. Se incautaron casi 300 gramos de droga, en su mayoría cocaína. También una balanza de precisión, bolsitas de plástico destinadas a la venta de las dosis de droga, 28.215 euros en billetes procedentes de tan lucrativo negocio, teléfonos móviles con los que se comunicaban para sus trapicheos y, para sorpresa de los investigadores, una treintena de boletos de apuestas deportivas.

«Apostaban a resultados seguros cuando los partidos iban a acabar y así blanqueaban parte del dinero», aseveran desde Aguirrelanda. Estos medios creen que este grupo, en el que muchos de sus componentes les ligan lazos familiares, «llegó a mover un millón de euros al año» con el narcotráfico, extremo que no ha podido probarse judicialmente.

Una instrucción muy complicada, los cambios de letrados por parte de los procesados, el de la jueza que llevó el caso, la huida y posterior captura de algún investigado –uno fue detenido al pisar Algeciras el pasado diciembre y ayer bajó desde la prisión de Zaballa– y, por último, la dificultad de encajar este nuevo macrojuicio en el ya apretado calendario de la Audiencia demoraron las vistas orales más de lo previsto.

Esa tardanza ha jugado a favor de los investigados. Ayer, tras alcanzar ambas partes un acuerdo, se les aplicó el atenuante de «dilaciones indebidas» (algo así como una demora inaceptable). Conviene recordar que tres estuvieron en prisión provisional un tiempo. Todos han acudido a firmar al Palacio de Justicia. Cada semana o cada quince días, en función de su grado de implicación en la trama.

La sentencia de conformidad rubricada a eso de las doce menos cuarto de ayer, lunes, estima que este grupo, en el que muy pocos cuentan con trabajo estable «y varios viven oficialmente de las ayudas sociales», se dividía en dos niveles. En el más alto, cinco personas –una de ellas mujer– que controlaban el negocio. Por debajo, diez peones entre camellos y vigías del bar, encargados de dar la alarma cada vez que una patrulla de la Policía Local osaba acercarse por sus dominios.

Desesperados porque jamás les encontraban droga, uniformados llegaron a tomarse cafés en este local. «Al menos ahuyentabas a la clientela durante el tiempo que estábamos dentro», rememora uno de ellos.

Esa impunidad cambió en marzo de 2016. Ayer, después del pacto entre defensas -varios de los abogados eran del turno de oficio- y Fiscalía, quedaba estimar los castigos por este delito de narcotráfico. Y, debido a su condición de irregular o a sus antecedentes delictivos, nueve fueron condenados a la expulsión del país. Parece complicado que esta orden se haga efectiva.

«Intentarán alegar arraigo, es decir que tienen su vida aquí. Uno lleva 19 años en España. Varios tienen hijos que han nacido en la ciudad», señalan medios judiciales. Si lo logran, como parece más que factible, librarán del ingreso en prisión al haber recibido penas menores a los dos años y un día, tiempo que marca la entrada a prisión o la suspensión si no se delinque en un tiempo determinado.

Lo mismo les ocurre a los otros sentenciados y en situación regular o sin antecedentes hasta ayer, lunes. Sus condenas oscilan entre el año y medio y los diez meses. Por cierto, entre los diecisiete deberán abonar una multa de 55.000 euros. De su centro de operaciones, el bar Lemos, cerrado desde aquella entrada policial, «se interesa la clausura y cierre definitivo» del que fuera el narcobar «más productivo» de la capital del País Vasco, según medios policiales.