Políticas que miren a la equidad

Mi experiencia como voluntaria y directora de Cáritas Vitoria, inevitablemente, centra el enfoque en el entorno social. He tratado de priorizar algunas cuestiones que nos afectan a todos como ciudadanos, pero inciden con un impacto mayor en las personas más vulnerables y ceñir el discurso a cuestiones con posibilidad de actuación desde las competencias del ámbito más local.

En primer lugar, la brecha digital. La imposición de la gestión telemática de los trámites oficiales, las dificultades para acceder a los servicios o los largos tiempos de espera son inconvenientes molestos y recurrentes en la relación de los ciudadanos con las administraciones. Pero para aquellas personas que carecen de medios electrónicos o no disponen de conocimientos informáticos, se convierten en una barrera infranqueable que les impide hacer valer sus derechos.

El segundo punto hace referencia a las gestiones administrativas. El lenguaje de las notificaciones oficiales en ocasiones poco claro y difícil de entender, los tiempos de demora en la resolución de las solicitudes y la tardanza en la aplicación de las disposiciones, provocan retrasos en el desembolso de las ayudas sociales, en ocasiones por más de seis meses, que obligan a muchas familias a solicitar adelantos en entidades del ámbito socio-caritativo como es el caso de Cáritas.

El tercer punto, la vivienda, abarca problemáticas muy diversas: la dificultad de acceso a viviendas dignas; el coste en alza de los alquileres y subarriendos de habitación; las condiciones exigidas en forma de fianzas, mensualidades anticipadas o garantías de pago, imposibles de cumplir; la escasa asignación de viviendas de protección oficial tanto para personas solas como para familias; etc. Todas estas dificultades y obstáculos se agravan a medida que desciende el nivel de solvencia de las familias. Como dato a tener en cuenta, cerca del 50% de las ayudas económicas entregadas en los despachos de Cáritas se destinan a solventar problemas relacionados con la vivienda. Y lo más preocupante, esta cifra tiende al alza.

Para dar solución a estas y otras cuestiones sin resolver, se requieren acciones sociales concretas, viables y urgentes.

Necesitamos políticas que incluyan en la normativa de Servicios Sociales, la vivienda como una necesidad básica para todas las personas, independientemente de su situación administrativa regular o irregular.

Urge eliminar las trabas burocráticas que estigmatizan el acceso gratuito a los servicios de las entidades administrativas y urge recuperar la presencialidad en las atenciones públicas.

Es necesario agilizar y mejorar la coordinación entre administraciones para evitar a las familias y en particular a las más vulnerables los períodos de tiempo muerto en los que no pueden cubrir sus necesidades vitales.

Urge un mayor control de la economía sumergida que explota a inmigrantes y refugiados.

Necesitamos políticas que cohesionen a las personas en el territorio y faciliten la inclusión social. En definitiva, desde la perspectiva del bien común y de la justicia social, necesitamos políticas de equidad que den solución a los problemas reales sin condenar a la invisibilidad a quienes, a pesar de vivir en los márgenes, forman parte de nuestra sociedad.