El Gobierno vasco frena el polígono de Foronda hasta que Vitoria apruebe su expansión urbana
Dice que «no se dan las condiciones» para la compra de terreno. El Ayuntamiento insiste en que el 80% de su suelo es «utilizable de forma inmediata»
«Vitoria está en plena revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y no se dan las condiciones para seguir adelante con el VIAP». ... Esa es la explicación que trasladan a EL CORREO fuentes del Gobierno vasco, que vuelve a tirar del freno de mano en la operación de compra de terrenos sobre los que debería asentarse el macropolígono industrial del aeropuerto de Foronda. El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, que dirige Arantxa Tapia, argumenta ahora que hasta que no se defina la «compleja» tramitación urbanística en la capital alavesa no se activará ninguna «compra».
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Así que entra en parada -una vez más- el ya de por sí complejo proceso en el que está sumido este proyecto, ideado hace más de una década por Diputación, Ayuntamiento, Gobierno vasco y Aena. Y que aspira a crear un espacio cercano al millón de metros cuadrados en el entorno del aeropuerto entregado a la industria aeronáutica.
La sociedad pública de promoción y gestión de áreas empresariales y polígonos industriales (Sprilur) es en parte encargada de la compra de metros de titularidad municipal. Ya es propietaria de «alrededor de 200.000» en esa zona. Y el pasado enero se comprometía a reactivar la operación. En el horizonte, hacerse con 466.000 metros cuadrados más (en distintas fases) con una inversión de 2,3 millones.
Cierto que no era la primera vez que se consignaba la partida y cierto que el plan de adquisiciones se marca dos años para completar el proceso (2022-2024). Pero el director general de Sprilur, Txaber Ouro, aseguraba entonces a este periódico que el objetivo era «continuar adquiriendo suelo paulatinamente, porque con lo que consigamos hacer en 2022 no vamos a conseguir que el VIAP vea la luz, pero sí es un paso importante».
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Hasta dos años
Se preveía, en suma, retomar la operación este año. Pero ya no está tan claro. De hecho, el condicionante del Plan General podría imponer una demora incluso mayor. En el mejor de los escenarios la aprobación inicial del PGOU en la capital alavesa no se poduciría hasta febrero del próximo año. Y la definitiva podría demorarse hasta 2024, el último año de vigencia del plan de inversiones de Sprilur. Hoy el Plan General se encuentra en situación de bloqueo político: PNV y PSE no tienen los votos necesarios para sacarlo adelante, con Elkarrekin condicionando su apoyo a la renuncia de Gorka Urtaran a crear una carretera en el sur.
En cualquier caso, el Plan General libera casi el 90% del suelo previsto para el nuevo polígono. A priori el inicio de la construcción dependería de otros trámites administrativos dirigidos a sectorizar los terrenos. El Ayuntamiento no oculta su sorpresa ante el argumento de Sprilur de que «no se dan las condiciones para seguir adelante con el VIAP» por el parón que sufre el instrumento de planeamiento urbanístico. Insiste, en este sentido en que «más del 80% del VIAP está dentro del espacio del plan especial aeroportuario». Una superficie lo suficientemente extensa que «es utilizable de manera inmediata», de «ocupación directa», recalcan.
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La 'renovada' estrategia de Sprilur con el VIAP (Vitoria Industrial Air Park), según refleja en su plan de inversiones hasta 2024, es alinear esta operación con otra que afectaría al entorno del polígono de Subillabide. La idea es que «el material de residuos extraídos en Subillabide sirva para el desarrollo» del parque industrial aéreo «que requiere de un importante volumen de relleno», explica en el proyecto. Terrenos 'extra' de asiento para afianzarlo en una zona inundable.
El otro 'gran obstáculo', el dique en el Zaia, parece superado. El pasado julio una sentencia judicial declaró «nulo» el proyecto para construir un dique de 3,5 kilómetros paralelo al Zaia que es clave para evitar inundaciones. Pero la propia Sprilur negó entonces que el auto judicial fuese un problema porque el proyecto originario «se modificó después de 2017». «Seguimos con la tramitación», se subrayaba desde la sociedad pública.
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