Arranca el juicio por estafa a los arqueólogos que sitúan el origen del euskera en Iruña-Veleia

Cada anuncio dejaba pequeño el anterior, lo que alumbró las sospechas. Primero tímidas y, a continuación, generalizadas. E Iruña-Veleia se convirtió en sinónimo del mayor fiasco conocido en el mundillo de las excavaciones científicas. El 4 de mayo de 2009, la Diputación se querelló contra el arqueólogo, quien siempre ha mantenido su inocencia y la autenticidad de sus hallazgos.

No está solo. Cuenta con una plataforma de apoyo que este pasado sábado se manifestó delante de los juzgados vitorianos para pedir «que se aclare» la que a su juicio es una ignonimia. Para la Ertzaintza, sin embargo, es «el caso más grave de falsificación de los últimos años a nivel mundial», según su informe pericial definitivo. Su área de Medio Ambiente, por cierto, resultó clave para la reactivación del caso, el más largo de la historia judicial alavesa.

Este lunes, tras 11 años de complejas tramitaciones y 16.000 folios de sumario, Gil y dos de sus colaboradores más estrechos se han sentado en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria, trasladado eventualmente a la sala de la Audiencia Provincial de Álava, la que alojó el macrojuicio por corrupción al exnúmero dos del PNV alavés, Alfredo De Miguel, ante la expectación mediática.

Gil se enfrenta a una petición de cinco años y medio de cárcel por un delito continuado sobre el patrimonio histórico y otro de estafa. La Administración foral, personada como acusación particular, sube hasta los siete años y medio. Le exigen asimismo la devolución de los 298.090,2 euros (más intereses) que les entregaron las instituciones públicas, embelesadas ante sus promesas de reescribir los patrones sobre el euskera y el cristianismo. Fuera de la causa han quedado subvenciones millonarias. El Gobierno vasco les inyectó 3,7 de millones de euros a través de Euskotren. Si hubiera condena, este dinero no sería devuelto.

476 piezas arqueológicas se presentaron como si fueran el oro, la mirra y el incienso de la arqueología. Pero, según los expertos reclamados por el Juzgado de Instrucción número 1, solo «tienen un valor de 600 euros cada una». De los 39 fragmentos analizados al detalle, «35 son contemporáneas y otra, retocada». Así lo declararán los peritos de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y del Instituto del Patrimonio Cultural de España, referentes en la materia. Sus informes van en consonancia con académicos locales.

Gil lo niega. «Defenderé mi inocencia con toda la argumentación y energía disponible», manifestó a EL CORREO el principal encausado, y supuesto ideólogo del fraude, el pasado 14 de octubre al término de la 'vistilla' (como se conoce en el argot judicial a la sesión previa al juicio, en la que se trata de alcanzar un acuerdo). Los otros procesados son sus colaboradores Óscar Escribano -para quien piden cinco años y medio- y el autoproclamado «físico nuclear» Rubén Cerdán -dos años y medio-. Para ellos, la Diputación baja a los tres años y nueve meses.

Según el prisma de la Fiscalía de Álava, Gil y su equipo adulteraron los grafitos con el objetivo de «lograr cierto prestigio profesional», pero también «beneficios económicos». El quid de este juicio, compartimentado en diez sesiones, residirá «en demostrar si Gil y los otros procesados manipularon los fragmentos. Que fueron modificados al desenterrarlos ya lo dicen los informes oficiales. Falta concretar por quién», alumbran fuentes judiciales sondeadas.

Porque no existen demasiadas dudas sobre la antigüedad de las piezas halladas, y denominadas «grafitos extraordinarios» por Gil. Abarcarían un abanico que iría del siglo III al VI. «La cuestión a debate son las inscripciones, no las piezas», abundan los medios consultados. Se refieren, por ejemplo, al calvario (una representación de la muerte de Cristo) más antiguo jamás conocido. También a las referencias halladas en euskera de los siglos IV a VI, 600 años antes de los primeros vocablos de los que se tiene constancia por escrito.

Escribano sí admitió una manipulación puntual en un fragmento concreto -talló «Veleia»- hallado por su equipo. Fue «una broma», se justificó en su momento en sede judicial. Esta es la única grieta en la versión monocorde de la terna bajo sospecha.

¿Y por qué los once años de espera? «La defensa, en una estrategia lógica, ha presentado un sinfín de recursos con el único fin de paralizar la causa», desvelan desde el Palacio de Justicia. En mayo de 2016 solicitó el sobreseimiento (archivo). Los informes de los peritos, además, tardaron más de dos años. Uno de los acusados estuvo meses ilocalizable. Tras desplegar un máster en obstinación, el Juzgado de Instrucción número 1 acabó su parte en la primavera de 2017. Pasó la pelota a la Audiencia de Álava que rebajó algunos cargos y, por fin, remitió la causa a Penal 1 que, a partir de este lunes, escuchará a todas las partes antes de emitir su fallo.