El juicio por el asesinato machista de Maialen y sus gemelos llegará en enero

El martes se cumplirán dos años de este brutal crimen machista, que sacó los colores al sistema de protección de mujeres maltratadas. El Gobierno vasco tenía uno diferente al central y no compartían sus bases de datos. Según ha sabido este periódico, la investigación judicial encara su recta final, encaminada hacia la que sería la tercera petición de prisión permanente revisable en la historia de Álava.

La previsión en el Palacio de Justicia es que, a falta de un par de diligencias por resolverse, en septiembre culmine la instrucción sobre lo ocurrido en aquella habitación entre esta mujer y su pareja de ida y vuelta, quien tenía prohibido acercarse a ella por mandato de un juzgado de Torremolinos. Maialen estaba embarazada de gemelos, de los que Jaime era el padre. Este miembro de una acaudalada familia levantina dejó a su hija en común, nacida en diciembre de 2020, con el cadáver durante 18 horas.

Fuera del País Vasco, esta alavesa estaba catalogada como víctima de «riesgo extremo» por los continuos desmanes de su excompañero, quien supuestamente la sometía a una perversa violencia psicológica. Al volver a su tierra para empezar de nuevo por enésima vez, la Ertzaintza le rebajó el nivel a «básico» al no apreciar ni su sistema ni la víctima que su ex podría agredirla.

Enseguida volvieron a juntarse en un apartahotel de la Avenida de Gasteiz, donde Jaime se registró con un nombre falso. Por causas que se desconocen, presuntamente la mató de siete puñaladas la tarde del sábado 27 de mayo. Tras cambiarse de ropa, se fue de fiesta con conocidos. A uno le ofreció dinero a cambio de su DNI. Éste se negó.

A las 14.15 horas del día siguiente, jornada electoral además, familiares de Maialen preocupados por su silencio acudieron al establecimiento hotelero y descubrieron el cuerpo y a su hija. Jaime seguía en Vitoria hasta que, a las 17.45 horas, ofreció 900 euros a un taxista para que le llevara a Valencia.

Con la Ertzaintza desplegada en el apartahotel y la Guardia Civil alertada, agentes del instituto armado le dieron el alto en el peaje de Alagón, cerca de Zaragoza. Desde el día 30 de ese mes permanece preso. De ahí la importancia de esta ampliación de la prisión preventiva. «Si no habría quedado en libertad», atajan medios judiciales.

De momento, Violencia sobre la Mujer aprecia indicios de un «homicidio/asesinato, dos delitos de aborto y un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar». En enero, cuando se prevé el juicio con jurado, la acusación particular, a cargo de Virginia Urtaran, pedirá la prisión permanente revisable. La máxima pena implica un mínimo de 25 años de prisión. La Fiscalía de Álava aguarda aún para pronunciarse. Mientras que la postura de la defensa -un relevante bufete valenciano- también resulta un misterio.

A raíz de este crimen, el Gobierno vasco admitió «una cadena de errores». El 27 de mayo del año pasado, en el primer aniversario, Lakua rectificó y asumió el nivel de protección a maltratadas del resto de España.