La investigación del caso de prostitución de menores tutelados en Álava implica a 13 adultos

Tal y como adelantó este periódico, la existencia del caso fue denunciada por la Diputación foral de Álava en octubre del año pasado, cuando una monitora del centro de menores de Sansoheta descubrió en el móvil de uno de los adolescentes una serie de mensajes que evidenciaban que había mantenido relaciones con adultos a cambio de dinero. Los responsables del ente foral pusieron los hechos en conocimiento de la Ertzaintza, que inició una investigación. A consecuencia de las pesquisas se identificó a nueve menores que habrían tomado parte en estas prácticas.

Las diligencias de la Policía vasca muestran un panorama desolador, de jóvenes procedentes de familias con graves problemas y que en ocasiones fueron víctimas de violencia en su entorno. Algunos de ellos simultaneaban la prostitución con la venta de sustancias estupefacientes y se fugaban del centro de menores con asiduidad. Su medio de llegar a los clientes eran las páginas de contactos. Aunque no se ha detectado la estructura que daría forma a una trama –no aparecen proxenetas, por ejemplo–, las diligencias sí han descubierto que una menor gestionaba las citas de otros tres chavales.

Las investigaciones realizadas en los últimos meses también permitieron localizar a once presuntos clientes. Uno era un conocido psicólogo de Vitoria, especializado en el trato a menores y a familias conflictivas, que trabajaba para el Ayuntamiento de la capital.

El experto había llegado a tratar en el pasado a dos de los chicos, a los que pagó a cambio de sexo, ambos tutelados por la Diputación. Sin embargo, en las declaraciones tanto del cliente como de los menores se afirma que no se reconocieron al concertar los servicios ya que la relación profesional tuvo lugar al menos seis años antes. Este experto fue el único procesado que ingresó en prisión preventiva por un supuesto delito de corrupción de menores. En diciembre quedó en libertad con cargos a la espera de juicio.

Otra de las personas detenidas por corrupción de menores es un adulto que tuvo una relación afectiva con uno de los menores internado en el centro de Sansoheta. Al parecer le conoció en una discoteca de la capital alavesa. De las declaraciones en el juzgado se desprende que esta persona es investigada ante la posibilidad de haber introducido a uno de los chavales en la prostitución. El acusado lo niega, pero en alguna de las conversaciones le dice a un chico que él le «enseñará» puesto que había sido 'chapero' desde los 16 hasta los 23 años. En las pesquisas sobre esta persona se identificó también a un menor, en cuyo teléfono aparecieron algunos de los datos más inquietantes: en la memoria de su celular figuraban contactos con cuatro clientes detenidos en la investigación, así como con tres personas a las que la Ertzaintza había investigado en el pasado por delitos contra la libertad sexual perpetrados en Vitoria. La Policía vasca no aclaró cuál era la relación que unía a estas personas.

Este adulto había sido interrogado en este caso como testigo el 23 de noviembre de 2016, y no sería detenido hasta el 30 de dicho mes por otro caso de corrupción de menores que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 4. Los trabajos de la Policía científica de la Ertzaintza han descubierto que el 25 de noviembre formateó el disco duro de su ordenador para borrar contenidos que le pudieran implicar en hechos delictivos.

La mayoría de los clientes investigados relataron a la Policía vasca que creían que estaban contratando servicios a adultos ya que les preguntaban la edad y los jóvenes les decían que tenían más de 18. Para ello, los menores mentían en ocasiones –tenían incluso un sistema para falsificar el DNI–. En varios casos, sin embargo, los agentes creen que algunos de los adultos sí conocían la edad real de los muchachos bien porque lo podían deducir o porque en algunos foros ellos mismos decían tener 17 años. Este es el caso de un militar destinado en Gipuzkoa que contactó con un chaval por una página de anuncios sexuales.

La Ertzaintza también sospecha que uno de los investigados, el responsable de un piso del barrio vitoriano de Lakua, puede ser acusado de favorecer la prostitución de un menor. Esta persona alquilaba habitaciones a prostitutas y en ocasiones también a personas que buscaban un sitio discreto para practicar el sexo. Uno de los acusados llevó a un menor al inmueble, aunque el teléfono del domicilio figuraba también en el móvil de otros dos acusados.

La acusación de corrupción de menores se extiende a una prostituta guipuzcoana que estuvo en contacto telefónico con otra menor para realizar un trío que le pedía un cliente. No obstante, los agentes reconocen que las gestiones fracasaron y que la mujer –que sí tenía contacto con más menores del centro de Sansoheta– no vio nunca físicamente a la adolescente.