La investigación judicial de la prostitución de menores tutelados en Álava se cierra con 11 imputados

Este grupo de sospechosos -en principio, sin relación entre sí- se enfrentará a cargos como abuso sexual, corrupción de menores, contra la libertad sexual, tenencia de pornografía infantil o contra la salud pública (drogas). Unas acusaciones que podrían traducirse en penas de hasta catorce años de prisión.

En las próximas semanas, la Fiscalía, las diferentes defensas y la acusación particular, a cargo de la Diputación, podrán presentar sus recursos y alegaciones. Este proceso dilatará hasta bien entrado el próximo año el arranque del juicio, que acogerá con toda probabilidad la Audiencia Provincial de Álava.

La investigación dirigida por el juzgado -y desarrollada a medias entre el Grupo 6 y el Sicta, unidades ambas de la Ertzaintza- siguió los pasos a más de una veintena de personas. Entre ellas, una prostituta sospechosa de intentar captar a una de las menores o un vitoriano que alquilaba habitaciones para los encuentros sexuales. Ambos han quedado eximidos. También dos hombres que «no llegaron a concertar» encuentros pese a intentarlo.

La lista quedó así reducida a once adultos, todos hombres. Entre ellos, un psicólogo especializado en el trato a menores y familias desestructuradas que trabajaba para el Ayuntamiento de la capital o un hombre que, al menos hasta la temporada pasada, ejercía de delegado en un equipo de fútbol juvenil. Y aunque la trama pudo afectar a más menores bajo el manto de la Administración foral, la Justicia únicamente ha fijado indicios criminales sólidos con tres víctimas. Todos ellos han alcanzado ya la mayoría de edad.

A finales de octubre de 2016, el director de Sansoheta interpuso una denuncia después de que una monitora descubriera en el móvil de uno de estos adolescentes una serie de mensajes que evidenciaban contactos sexuales con adultos a cambio de dinero. Se sabe que esta práctica se prolongó en el tiempo durante, al menos, los diez meses anteriores. ¿Por qué? Un investigado contó en sede judicial que mantuvo una relación con una de las víctimas «desde finales de enero de 2016».

El primer aviso de alerta data del 4 de abril de 2016, medio año antes de que trascendiera el escándalo. La madre de una de las víctimas denunció en la Policía Local el robo de dos móviles y deslizó las sospechas de que su hijo se estaba prostituyendo. La Guardia urbana informó a la administración foral, responsable legal del menor, y al juzgado. Pero el asunto pronto se diluyó al desaparecer la víctima. «En ese momento se dudó de la versión del chaval y cuando se quiso hablar con él ya había desaparecido», rebobinan desde la comisaría de la Policía Local vitoriana.

Cuando en octubre de aquel año por fin se activó el mecanismo legal, los ertzainas a cargo del caso constataron que los menores ofrecían sus servicios a través de páginas web especializadas. No se ha podido determinar la existencia de proxenetas. Todo indica, cuentan medios de la investigación, que ellos mismos colgaban los anuncios. Incluso luego admitirían que cerraban los encuentros con sus clientes vía telefónica o por whatsapp. «Entre ellos se gestionaban el reparto de citas. Cuando hablamos con los chicos, no eran conscientes de que adultos sin escrúpulos se estaban aprovechando de ellos».

El cotejo de teléfonos móviles y ordenadores ha determinado que bien quedaban en los pisos de clientes o estos reservaban habitaciones por horas en viviendas de alquiler. El psicólogo presuntamente mantuvo relaciones en su despacho «en unas quince o veinte ocasiones». También hubo contactos en vehículos. El Código Penal castiga las relaciones sexuales de adultos con menores de edad, aunque sean consentidas. Alguna de las víctimas sólo tenía quince años cuando se produjeron los hechos.

Los contactos sexuales, certifican medios policiales, «les proporcionaban dinero para comprarse caprichos vetados por su precaria situación económica». En Sansoheta llamaban la atención por su ropa cara, tatuajes recientes y móviles de última generación. «Alguno nos echó en cara que le habíamos fastidiado su fuente de ingresos», abundan fuentes de la investigación.

Varios implicados les habrían invitado a consumir drogas (cocaína o marihuana) mientras les mostraban películas pornográficas o les habrían pagado con regalos de diversa índole. Salvo uno, los ahora señalados llevan vidas corrientes. La excepción es un varón domiciliado en otra provincia y con un amplio historial delictivo. Cuando el juzgado le localizó cumplía condena por un asunto anterior de índole sexual.

Otro de los aspectos que más sorprendió entre los investigadores vuelve a afectar al psicólogo involucrado. Conocía a dos de los menores al haberlos tratado profesionalmente en el pasado. La Diputación admitió que trabajó para ellos «hasta 2015». Fue el único de los investigados que ingresó en prisión. Pasó dos meses antes de recuperar la libertad.

No obstante, la clave de este proceso judicial girará en torno a si los clientes conocían o no la minoría de edad de las víctimas. «Lo normal es que todos lo nieguen en el juicio», admiten medios judiciales. Mientras llega ese momento, Instrucción 2 ha reclamado 10.000 euros a cada uno. De esta forma se asegura que haya dinero para indemnizaciones en el supuesto de condena.

El 4 de abril, la madre de un menor denuncia en la Policía Local el robo de dos móviles y cita la prostitución de su hijo. Hay un aviso a la Diputación y al juzgado, el caso no prospera por la desaparición del chico.

El 27 de octubre, el director de Sansoheta denuncia que «un grupo de menores del centro pudieran estar manteniendo relaciones sexuales con adultos a cambio de dinero mediante anuncios» en webs.

Un psicólogo empleado por el Ayuntamiento, y que conocía a un par de las víctimas por asuntos laborales, fue de los primeros detenidos. La Ertzaintza investigó a una veintena de posibles clientes.

Las pesquisas de la Ertzaintza y de Instrucción 2 revelaron que los clientes supuestamente pagaban de 20 a 100 euros por los servicios sexuales. Otros les daban droga y alguno, regalos.

Los casi cuatro años de investigación judicial concluyen con once investigados, dos residen fuera de Álava. Se enfrentarán a cargos de abuso sexual, corrupción de menores o contra la libertad sexual.