Gonzalo Antón gana el pulso judicial por la reforma del palacio Marqués de Foronda

Ahora, una sentencia del Juzgado número 1 de Vitoria, a la que ha tenido acceso EL CORREO, obliga a anular ese gravamen y también a archivar el expediente. Un procedimiento ajeno a otro que se inició de forma paralela y que continúa sin resolución. Está vinculado al derribo de un edificio protegido del mismo complejo. Fiscalía abrió una investigación por supuesta destrucción de patrimonio de extrema gravedad, lo que conllevaría multas que rondan el millón de euros.

La infracción leve que motivó la multa de 5.000 euros del departamento de Urbanismo se vincula a la sustitución de las ventanas del edificio en su totalidad por otras de madera y distintos formatos, que se realizaron sin autorización previa.

El caso es que ese expediente, que fue resuelto hace más de un año, tuvo que reabrirse en 2023 después de que el Consistorio agotara los plazos sin emitir una resolución por la aparente dificultad en su tramitación.

Entonces, durante el procedimiento de la denuncia, el promotor regularizó la licencia para el caso de las ventanas y es en ese paréntesis en el que se justifica el dictamen judicial, cuya resolución llega después de que la empresa encabezada por el hostelero acudiera a los tribunales.

El Gobierno local considera que la infracción no ha prescrito porque, a su juicio, «el plazo es de dos años a contar desde el momento de finalización de las obras». Sin embargo, la Justicia se basa en su respuesta, entre otros reglamentos, en el artículo 232 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo que recoge que «si el responsable de una infracción urbanística leve procede a solicitar la correspondiente legalización, podrá ser eximido totalmente de responsabilidad».

Así las cosas, «si la licencia se obtuvo con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador, la consecuencia jurídica posible es eximirle totalmente de responsabilidad, ya que tal consecuencia se muestra como facultativa dentro de la redacción de la norma y no se han incorporado hechos nuevos que impliquen una agravación de la gravedad de la conducta del actor», se lee en la sentencia.

Elkarrekin Podemos pedirá explicaciones sobre este asunto el próximo lunes en la comisión municipal de Urbanismo. Solicitará que «se tomen las medidas oportunas, si han de reforzar servicios, que lo hagan, para evitar de cara al futuro que se vuelvan a repetir estos hechos». Y es que, «si vuelve a suceder, se estaría ofreciendo una imagen distorsionada de que incurrir en errores como operar sin licencia no pasa factura», explica su concejal Óscar Fernández. «No puede quedar sin sanción ningún proceder irregular», insiste sobre un asunto por el que EH Bildu también preguntará al Gabinete Etxebarria.

El Palacio del Marqués de Foronda fue propiedad de la Diputación hasta septiembre de 2019, cuando fue adquirido por el empresario Gonzalo Antón a cambio de 1,2 millones de euros. La institución foral intentó venderlo seis años antes por 1,7 millones, aunque no recibió ninguna oferta.