El Gobierno vasco plantea rebajar la exigencia de VPO en las promociones privadas para impulsar la construcción

El Gobierno vasco flexibilizará el porcentaje que los promotores privados deben reservar para la edificación de VPO en suelos urbanizables, pasando del 75% actual al 60%. Todo ello con el objetivo de activar los proyectos que los constructores no consideran rentables con la legislación vigente. Lo hará a través de una ley de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo, norma que los partidos que forman el Ejecutivo (PNV y PSE) registrarán en el Parlamento en las próximas semanas y que tiene garantizada su entrada en vigor al contar con mayoría absoluta en la Cámara vasca.

El texto, que prevé ser aprobado durante el presente año, permitirá reactivar los terrenos destinados a vivienda que están congelados por falta de viabilidad económica sin la necesidad de esperar a la redacción de una nueva Ley del Suelo, proyecto que se desarrollará a lo largo de la legislatura. Así lo ha asegurado este miércoles el consejero Denis Itxaso en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi', espacio al que también ha acudido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. «El problema es aquí y ahora. No podemos esperar a la confección, tramitación y aprobación de una nueva norma que se demorará no menos de tres años», ha lanzado.

El consejero está convencido de que esta «crisis de oferta», que ya afecta incluso a las clases medias, «tiene solución». La clave está en destinar recursos y revertir el parón inmobiliario que padece Euskadi desde hace un tiempo atrás impulsando la construcción de más pisos, libres y protegidos. Itxaso defiende que la rebaja de los porcentajes marcados en la Ley del Suelo de 2006, norma aprobada en un contexto social en el que el País Vasco levantaba 15.000 hogares al año frente a los 6.000 actuales, incentivará la edificación de VPO y ayudará a incrementar el parque residencial público. «El 75% de cero es cero», decía Itxaso en su discurso.

Eso sí, el Ejecutivo dará libertad a los ayuntamientos para que sean ellos los que, previo análisis de su situación residencial y del estado de sus suelos, decidan rebajar o no las exigencias que rige la normativa actual hasta un «mínimo de 60% de VPO». No tendrán ni que pedir autorización al Departamento de Vivienda. Con aprobar la medida en el pleno municipal valdrá.

El Gobierno vasco recoge así el reclamo de una buena parte del sector en Euskadi, que atribuía el «frenazo» de la construcción a los «elevados» porcentajes dirigidos a las VPO y a la poca viabilidad económica de las promociones. De hecho, el Ejecutivo autonómico calcula que en Euskadi hay suelos paralizados por distintos motivos en los que se podría construir 75.000 VPO más. «Los poderes públicos solos no vamos a poder hacer frente a este colosal desafío inversor que se nos presenta. Ni multiplicando la inversión seremos capaces de acompañar a la sociedad en el ritmo de creación de nuevos hogares si la inversión la asume en exclusiva la administración. Necesitamos atraer recursos privados», ha asegurado Itxaso.

La ley de medidas urgentes que trabajan PNV y PSE también contempla agilizar la tramitación urbanística de los suelos. Esto es, acelerar la concesión de licencias y permisos, algo que en la actualidad puede demorarse años llegando a condenar nuevos desarrollos. Con esta acción el Ejecutivo busca crear «mecanismos que ayuden a aligerar los plazos y reducirlos en un 50%».

A falta de determinar el modo en el que proceder, Itxaso ha subrayado que se podría establecer el «silencio administrativo positivo o la continuidad en la tramitación de los expedientes una vez cumplan los casos». Dicho de otra manera, que la falta de decisión de la administración pública frente a peticiones o recursos no frene la puesta en marcha de una promoción. Al mismo tiempo, este plan de choque propondrá que solo se produzca un único informe por administración y procedimiento al «no tener sentido que una misma institución emita informes separados».

La batería de acciones prevé por otro lado impulsar la segregación de pisos grandes y la conversión de lonjas en viviendas, además de actuar con firmeza sobre los municipios que sean declarados zonas tensionadas. El texto propondrá la suspensión de nuevas licencias de pisos turísticos en las localidades en las que se haya reconocido que la oferta es insuficiente para satisfacer a la demanda, como ya ha ocurrido en Bilbao. También se establecerán mecanismos para que los propietarios cumplan con la ley de vivienda nacional y no suban los precios más de lo marcado en los distintos indicadores. Para ello, se desarrollará un régimen sancionador específico. «Tenemos el deber a de proteger a las personas poniendo límites a los incrementos de precios. Es intervención sí, como lo es en Francia, Alemania y también en democracias nórdicas», ha defendido el consejero.

De igual manera, la proposición de ley autorizará levantes de hasta dos alturas en edificios de viviendas protegidas para recrecer el número de alquileres dotacionales –se estima que podrían construirse hasta 2.000 nuevos alojamientos en cubiertas planas– y la creación de una gran reserva de suelo junto con Eudel, tal y como adelantó el lehendakari, Imanol Pradales, en la inauguración del Foro de Vivienda y Urbanismo. El objetivo, ha explicado Itxaso, es incorporar un «procedimiento que simplifique y agilice la cesión de suelos para el desarrollo de vivienda protegida por parte del Gobierno vaso». «Euskadi ha hecho muchas cosas bien en materia de vivienda, pero la situación actual obliga a dar nuevos pasos y hacerlo con celeridad», ha concluido Itxaso.

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