El Gobierno vasco indemniza a alaveses víctimas de okupas con 330.000 euros

Aunque apenas se ha publicitado por las instituciones, estos afectados tienen derecho a una compensación desde que el decreto de vulnerabilidad -aprobado en 2020 por el Gobierno de Pedro Sánchez y prorrogado desde entonces- impidiera cualquier desahucio si el denunciado alegara carecer de sustento o tener menores a su cargo. Ese veto a los lanzamientos estará vigente, como mínimo, hasta el 31 de diciembre.

Esa orden determina que las instituciones locales, provinciales y autonómicas deberían proporcionar algún recurso habitacional a los ahora llamados 'inquiokupas'. También pueden reclamar las víctimas de personas que dieron la patada a la puerta y se establecieron en vivienda a espaldas de los dueños. «El Consejo General del Poder Judicial, a través del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, tiene un convenio firmado con el Gobierno vasco en ese sentido», explicaba hace unas semanas en este medio Mercedes Guerrero, expresidenta de la Audiencia Provincial de Álava.

La realidad respecto a esas alternativas residenciales es que la práctica totalidad de las administraciones carece de viviendas libres. Ese déficit impide que el propietario -generalmente un particular- pueda hacer nada por recuperar su propiedad. Sus demandas encallan en los palacios de Justicia.

«Antes de ordenar un desalojo tenemos que pedir al ayuntamiento de turno, por ejemplo el de Vitoria, que nos emita un informe sobre la vulnerabilidad de los okupas que hay en ese domicilio. La realidad es que siempre hacen una valoración favorable o -como mucho- se inhiben, por lo que tampoco se puede seguir adelante», alumbran los magistrados consultados.

A fecha 23 de abril, y según los datos facilitados por el propio Departamento de Vivienda, se ha aprobado el pago de 1.079.479 euros a repartir entre 204 solicitantes aprobados. Aparte de los 63 alaveses (70% de las peticiones aceptadas), hay 110 vizcaínos (60,7%) y 31 guipuzcoanos (59,6%).

Las compensaciones las establece el Ejecutivo de Lakua. Se abona una renta equivalente al alquiler y otros gastos como pueden ser los suministros, pero con ciertos límites. Se toma como referencia el precio medio calculado por la Estadística del Mercado del Alquiler de Euskadi (EMAL) en cada localidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que si un afectado tiene su piso alquilado por mil euros pero la estadística oficial establece que la renta media que se paga en el municipio es de 850 euros al mes, eso recibirá.

Esta solución no gusta en los sectores judiciales. En especial a los abogados y los procuradores, quienes sólo en Álava tienen paralizadas «cerca de 200 peticiones» de desahucios y desalojos. El decano de los letrados de la provincia, Antón Echevarrieta, reclama «remodelar la ley y establecer un sistema ágil para que no existan estos problemas». «Ahora hay parches que no solucionan ni los problemas ni los gravísimos retrasos en la administración de Justicia provocados por una ley que no funciona».