La autopista a Madrid será gratis desde Álava a partir de diciembre

La autopista a Madrid será gratis desde Álava a partir de diciembre

Fomento ha anunciado que liberalizará el tramo de la AP 1 desde la localidad alavesa de Armiñón hasta la capital burgalesa, una vía clave en la conexión de Euskadi con la meseta

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Los alaveses que viajan hasta Burgos por autopista podrán hacerlo de manera gratuita a partir de diciembre si se cumplen las previsiones del Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora los conductores de turismos pagan 12,25 euros cuando llegan a Castañares -junto a la capital burgalesa-. Pero a partir de diciembre, la liberalización del tramo entre Armiñón y Burgos permitirá que, previsiblemente, dejen de pagar por circular por la autopista, ahorrándose los 12,25 euros que es lo que cuesta en estos momentos llegar a Burgos. Este será el primer trazado de la red viaria nacional en el que se suprimirá el peaje al concluir su concesión -el plazo finaliza el 30 de noviembre-, una medida que se aplicará posteriormente a otros tramos a medida que vayan expirando los contratos de las empresas adjudicatarias, según ha avanzado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista concedida a El País, en la que ha explicado esta medida prevista por el nuevo Ejecutivo.

Este anuncio, en principio bien recibido por los conductores, ya ha generado reticencias. La patronal de las constructoras y concesionarias calcula que el coste de liberar el tramo entre Burgos y Armiñón sería de unos 300 millones de euros para el erario público. Asimismo, advierte de que la eliminación del peaje en esta vía colapsaría la carretera al sufrir un gran incremento del tráfico de camiones.

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Aunque el primer tramo afectado por esta decisión será el de la AP-1 que une Burgos y Armiñón, una vía clave en la conexión de Euskadi con la meseta, poco después habrá otros dos que seguirán el mismo camino a finales del próximo año: la AP-7, entre Alicante y Tarragona, y la AP-4, entre Sevilla y Cádiz. En total, los tres tramos 'liberados' suman más de 550 kilómetros.

Esta medida crea un precedente para la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo y para dos tramos de la AP-7 en Cataluña, que expiran en 2021, aunque la decisión corresponderá al Gobierno que lidere la próxima legislatura. Además, Ábalos ha afirmado que auditará los costes y los plazos para sacar de nuevo a concurso las nueve autopistas de peaje quebradas y rescatadas por el Estado.

El ministro de Fomento dice que no hay concordancia en los costes que debe asumir el Gobierno respecto a las cifras facilitadas por el Ejecutivo del Partido Popular. De acuerdo con el ministro, las cifras que le han trasladado varios responsables de ese departamento es que los ingresos previstos por la licitación son 700 millones y la RPA entre 2.000 y 2.600, frente a los 1.000 millones que esperaba obtener el Ejecutivo anterior y los 1.800 que preveía abonar.

«Tenemos que saber exactamente de cuánto estamos hablando y de la afectación al propio déficit del Estado», ha recalcado Ábalos, que ha destacado además de que le han advertido de que «las concesionarias que tenían esas autopistas van a provocar conflictos judiciales».

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