El PP exige un informe para saber si habrá «indemnizaciones millonarias» en Uleta
«Los propietarios tienen derechos y queremos saber si eso va a conllevar repercusiones económicas al Ayuntamiento», ha trasladado el concejal Miguel Garnica
El concejal del Partido Popular de Vitoria, Miguel Garnica, ha anunciado esta mañana que su grupo en el Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno municipal un informe jurídico ante «el lío montado por Urtaran y Podemos con los terrenos del sector 17». El futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) desclasificará los suelos que se encuentran sin urbanizar y afecta a los terrenos situados entre el Alto de Uleta y la carretera de Lasarte. No se podría construir en ellos.
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«Los propietarios de esos terrenos tienen derechos y queremos saber si eso va a conllevar repercusiones económicas al Ayuntamiento. Si serán necesarias indemnizaciones millonarias», se ha cuestionado Garnica. «Vitoria no puede entrar en un nuevo Plan General con líos jurídicos y pérdidas millonarias en indemnizaciones para el Ayuntamiento», ha denunciado.
La decisión de desclasificar este sector 17 provocó que los vecinos y constructoras que tienen parcelas allí se levantaran contra Urtaran, quien a continuación y públicamente se reafirmó al decir que estas parcelas son un «fantástico trigal» para no construir en ellas. «Urtaran ha pactado con Podemos el peor Plan General posible, ha traído inestabilidad, incertidumbre e intervencionismo a la ciudad y ya está provocando líos que pueden suponer que Vitoria tenga que pagar ahora indemnizaciones millonarias por una mala gestión sin ningún aval jurídico», ha concluido Garnica.
El gabinete Urtaran considera que la construcción de más chalés y viviendas bajas en Uleta es «incompatible» con su modelo urbano de los próximos años, que persigue evitar el consumo de más suelo y «cohesionar» la ciudad. No obstante, ya ha advertido de que sus planes dependerán de las posibles «indemnizaciones millonarias» que reclamen quienes tienen los derechos adquiridos.
Coste de 20 millones
El coste de la urbanización de esa zona ronda los 20 millones de euros, y los propietarios defienden que ya han adelantado algunos gastos al dibujar el plan parcial, la configuración de las parcelas y la gestión administrativa del proyecto. Lo habitual en casos similares pasa por acordar una contrapartida para compensar la inversión que en su día realizaron y respetar los derechos adquiridos en otra parte de la ciudad. La fórmula suele concretarse en fijar otros puntos donde la construcción es viable, algo que ya puso sobre la mesa la concejala de Territorio, Ana Oregi (PNV).
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