Exculpan a dos empresas alavesas de repartirse contratos de Adif
Amurrio Ferrocarril y Jez Sistemas fueron acusadas en 2016 por la CNMC de «formar un cártel» para intercambiar «información sensible»
S. A.
Lunes, 13 de febrero 2023, 13:55
El Tribunal Supremo da carpetazo a un litigio de siete años y exculpa de manera concluyente a las empresas alavesas Amurrio Ferrocarril y Equipos (Amufer) ... y Jez Sistemas Ferroviarios de la acusación de supuestas prácticas contrarias a la libre competencia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las había acusado en 2016 de participar en una suerte de «cártel» con otras dos compañías del país (Talleres Alegría y Duro Felguera) para repartirse los contratos de Adif de suministros ferroviarios para las líneas de Alta Velocidad (AVE).
El organismo regulador las impuso entonces una sanción global de 5,64 millones y multó a nueve de sus directivos. Las empresas recurrieron y la Audiencia Nacional, el 26 de enero del pasado año, las eximió de los cargos. Aunque es ahora cuando el caso se da por cerrado con el dictamen del Alto Tribunal, que considera definitivamente nulas las acusaciones de la CNMC.
«El tiempo nos ha dado la razón y la justicia se ha pronunciado de manera clara y contundente contra la injusta resolución de la Sala de la Competencia de la CNMC. Nadie va a reparar el perjuicio causado en términos de horas perdidas, costes del proceso, y pérdida de imagen, incluso a nivel internacional, por aquella infundada resolución», han manifestado a ELCORREO desde Amufer.
a investigación se abrió en 2014. En concreto, el 7 de octubre, miembros de la CNMC y la Guardia Civil irrumpieron en las instalaciones de esta planta ayalesa. Dos años después, la Comisión consideró probado que las empresas investigadas «se intercambiaron información comercial sensible» en relación con el suministro de desvíos ferroviarios en los procesos de contratación de Adif.
Arrancó entonces una batalla en los tribunales. Amurrio Ferrocarril y Equipos y el resto de afectadas (cada una con sus propios servicios jurídicos) se defendió. Amufer recuerda que los argumentos clave fueron dos. Primero, que el suministro a la empresa pública estatal, que se realizaba de forma conjunta en Unión Temporal de Empresas (UTE), tenía «su origen en el propósito del propio Adif de conseguir que los desvíos ferroviarios de alta velocidad se fabricasen en España».
Y Segundo. Que la 'fórmula UTE' era «imprescindible para unificar esas tecnologías y poder concurrir a los procedimientos de licitación», que se planteaban para grandes volúmenes, «inasumibles en solitario» para cualquier empresa.
Ambos argumentos ya fueron atendidos por la Audiencia Nacional hace un año. Pero la CNMC presentó recurso de casación ante el Supremo. El 19 de enero este declaró su inadmisión y condenó (por segunda vez) al pago de costas a la CNMC. Contra esta decisión no cabe recurso.
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