Euskadi rechaza subirse a la ola que pide prohibir los móviles en los colegios

El debate está abierto en todo el mundo. Los teléfonos inteligentes empiezan a prohibirse en países como Italia, Francia o Reino Unido y en comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia. ¿Y en Euskadi? Aquí, como en la mayoría de comunidades, cada centro decide su propia normativa. Y, en principio, así va a seguir hasta nuevo aviso. El Gobierno vasco considera que el debate no está sobre la mesa y asevera no haber recibido un número suficiente de solicitudes de las familias en este sentido. «No nos consta que exista esa reivindicación», recalcan fuentes de Educación. Además, apuntan, «sería como ponerle puertas al campo», ya que los chavales apenas pasan «entre el 10% y el 12%» de su tiempo en el recinto escolar.

«La cuestión no es de los centros, sino qué ocurre durante todo el día», ha resumido gráficamente el consejero, Jokin Bildarratz, esta semana en referencia al chat masivo con contenido pornográfico. Por ello, el dirigente hizo un llamamiento a «ser conscientes» del lado negativo de las nuevas tecnologías. «Hay que darle un par de vueltas a cómo está funcionando». Y recordó que Educación ofrece formación en ciberconvivencia, educación sexual... En parecidos términos se expresó la consejera de Igualdad, Justicia y Política Sociales, Nerea Melgosa, sobre la polémica de los chats. Si bien lo sucedido es «muy grave» lo que pone de manifiesto, a su juicio, es «la importancia del control familiar a los menores».

En otros lugares, en cambio, la Administración lo interpreta en sentido contrario y recoge el guante de la preocupación de las familias. El mejor ejemplo es Cataluña. La presión de padres y madres, que han unido a su causa a no pocos docentes y directores de colegio, para blindar a sus hijos de los aspectos negativos de la tecnología ha provocado ya una primera reacción en el Govern. Educación tiene previsto enviar a todos los centros unas «pautas claras» de obligado cumplimiento. No se descarta prohibir el uso del teléfono en todo el recinto escolar.

Similares iniciativas se están planteando en Valencia, Canarias y Cantabria. El caso de la comunidad vecina es paradigmático. En las instrucciones que manda a todos los colegios al inicio del curso, Educación insta a «prohibir» los teléfonos. No sólo eso. El Gobierno ha anunciado que no instalará más pizarras digitales en las aulas de Infantil y del primer ciclo de Primaria (de 1º a 3º) por la «sobreexposición a las pantallas en edades tempranas», un «problema muy serio» en la sociedad actual.

Es una filosofía similar, aunque no tan radical, a la que han seguido Suecia y Finlandia, países referentes en materia educativa. Fue muy sonada la decisión del Gobierno finés de dar marcha atrás en su proceso de digitalización, prohibir móviles, tabletas y ordenadores y volver a los libros. El giro se adoptó después de conocer los pobres resultados de los estudiantes de 4º de Primaria en comprensión lectora en la prueba internacional PIRLS. La puntuación de Finlandia, por cierto, fue superior a la española. En Cataluña los resultados fueron muy malos y el Govern hizo autocrítica. Euskadi, en cambio, no participó en el estudio.

En Italia han ido más allá y han obligado a las operadoras a instalar un pin parental que bloquee el acceso a páginas porno y de apuestas, entre otras. Es un paso más en una política que también ha prohibido los móviles y todas sus variantes (como los relojes inteligentes) en los colegios. En nuestro país, solamente lo han hecho Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid. La comunidad madrileña, además, acaba de incluir los móviles y las redes sociales dentro de su plan contra las adicciones. El debate es serio.

En Euskadi, según la encuesta 'Sociedad de la información y la comunicación en los centros educativos' del ministerio de Educación, en el curso 2020/21 (últimos datos disponibles), el 57,6% de los institutos públicos vascos permitía a los alumnos de la ESO utilizar el móvil en clase «con fines educativos», pese a que la mayoría cuenta ya con ordenadores o tablets. En la concertada era el 47,7%.

En la escuela pública, en general, hay consenso sobre el tema de la prohibición: no es necesaria una normativa común. La federación de Ampas, Ehige, apuesta por consensuar los reglamentos de cada centro con los propios alumnos y hacerles partícipes de una eventual prohibición de los teléfonos. «Es una manera de que se sientan parte del proceso y no lo reciban como algo impuesto», explica la coordinadora de Ehige, Lurdes Imaz.

Heize, la federación de directores de centros públicos, es partidaria de que sea la propia comunidad educativa de cada instituto la que regule «cuándo, cómo o si está prohibido el uso dentro del centro». En todo caso, si Educación decidiera intervenir de forma generalizada «podría ser en los dos primeros cursos de la ESO». «El uso de los teléfonos no siempre debe ser malo y a veces también ayuda en el proceso de aprendizaje», argumenta, por lo que aboga por «formar y empoderar a alumnos, profesores y familias», teniendo en cuenta que «los alumnos aprenden de lo que hacen sus padres y la sociedad».

Tanto LAB, sindicato mayoritario, como Steilas, el principal entre el profesorado, consideran que el debate de prohibir los dispositivos «no está sobre la mesa» en Euskadi. «Somos partidarios de la autonomía de los centros», indica Irati Tobar, portavoz de la central abertzale. «No creo que el departamento tenga que elaborar una normativa, pero sí algunos criterios y recomendaciones en el ámbito pedagógico», abunda.

En cuanto a la red concertada, hay diversidad de opiniones. «Sería aconsejable, siempre viene bien tener unos criterios comunes», valoran varios directores consultados por este periódico. «Nos haría la vida más fácil». Aunque, tal y como apuntan, «la gran responsabilidad recae en las familias». «Unas pautas comunes sería interesante porque da peso institucional a decisiones que ya estamos tomando los colegios. Ese apoyo es valioso ante los casos de familias que muestren discrepancias», señala un director.

«¿De verdad necesitamos que Educación nos diga lo que tenemos que hacer?», se cuestiona, por su parte, otro director. En su opinión, lo que debería hacer es «exigirnos tener una regulación explícita sobre el móvil en nuestros planes de convivencia, pero cada centro tenemos que adaptarnos a nuestros alumnos y familias».