Equo exige desmantelar Garoña un año después de su cierre

Vistas de la Central Nuclear de Santa María de Garoña/Igor Aizpuru
Vistas de la Central Nuclear de Santa María de Garoña / Igor Aizpuru

La formación ecologista reclama a Enresa mayor transparencia y un plan de gestión de residuos nucleares

JUDITH ROMERO

Ha pasado un año desde que Álvaro Nadal, antiguo ministro de Energía, anunciara el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña. La infraestructura dependiente de Nuclenor, gestionada por Endesa e Iberdrola, llevaba en parada desde 2012, y el Valle de Tobalina se preparó para decir adiós al recinto inaugurado en 1970. Doce meses después, la formación ecologista Equo Berdeak reclama que se den pasos hacia su desmantelamiento definitivo y se ofrezca un modelo económico alternativo a la comarca.

«Hace un año celebrábamos su clausura, pero su cierre también debe significar que trabajemos a favor de otros modelos energéticos», ha abogado Erika Martínez, coportavoz de Equo Berdeak. El primer paso para su inhabilitación como central nuclear pasa porque la Empresa nacional de residuos radioactivos (Enresa) presente un proyecto de desmantelación y que este sea avalado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). «Algunas informaciones apuntan a que podría llevarse a cabo en 2023 por un coste de 350 millones de euros, pero Enresa aún no ha comunicado nada de manera oficial y se desconoce qué pasos se seguirán», ha denunciado Juantxo López de Uralde, coportavoz de Equo y diputado de Podemos.

El reactor de Garoña permanece desactivado desde 2012, pero la presencia de residuos radioactivos en la central aún inquieta a vecinos y ecologistas. «Este mes de mayo denunciamos un incendio que tuvo lugar en sus instalaciones el 31 de enero, es urgente poner medidas sobre la mesa» apremia López de Uralde, quien ya exigió explicaciones por este incidente en el Congreso.

Otras centrales como Almaraz I (2023) y Trillo (2028) cumplirán los 40 años de vida útil en los próximos años. Enresa ya transmitió al Gobierno que podría necesitar otros 3.000 millones de euros para desmantelar las nucleares en febrero, pero desde Equo califican el coste como «una excusa». «No puede ser que las centrales no se cierren porque no haya dinero para desmantelarlas, no es aceptable que Garoña siga en la misma situación un año después», ha criticado López de Uralde.

Un coste elevado

Enresa ya tiene experiencia en estos procesos tras desmantelar Vandellós 1, en Tarragona, Zorita, en Guadalajara, y el reactor experimental Ciemat en Madrid. «No se entiende que aún no hayan presentado un documento para Garoña y que todavía no exista una hoja de ruta para los residuos nucleares», denuncian desde Equo. Actualmente los residuos de baja intensidad se almacenan en El Cabril, en la localidad cordobesa de Hornachuelos, pero los de media y alta actividad continúan en los Almacenes temporales individuales (ATI) de cada central.

Cerca de 600 personas trabajaban todavía en Santa María de Garoña en agosto de 2017. Este proceso crearía algunos puestos de trabajo en la zona de forma temporal, pero el Valle de Tobalina reclama nuevos proyectos que permitan su recuperación económica. «La Junta de Castilla y León debe estudiar la viabilidad de nuevos recursos como una central de biomasa o utilizar la energía hidráulica como recurso económico en consenso con los vecinos», animan los portavoces de Equo.