El encarecimiento de los pisos dispara un 51% la demanda de alquileres protegidos en Álava

El análisis del área liderada por el socialista Denis Itxaso se refiere a lo ocurrido en el último año y medio, desde enero de 2023 a junio de 2024. Al inicio de ese periodo había en Álava 9.875 personas inscritas en Etxebide con el fin de acceder a un piso en régimen de alquiler. Y al final del mismo se habían sumado otras 5.006. Es decir, ha habido un incremento «del 50,7%», concluyen en Lakua. El problema es generalizado y la subida es similar en el conjunto de Euskadi, aunque es en el territorio alavés donde la subida «resulta ligeramente más intensa» (frente al 46,2% de Bizkaia y el 42,9% de Gipuzkoa). «Se trata de un crecimiento extraordinario que responde al tensionamiento del mercado residencial y que lleva a los nuevos demandantes a solicitar una vivienda en alquiler». Confirma así que estamos en un «contexto de incremento de precios y contención de salarios» que aboca a parte de la ciudadanía a pedir auxilio a la Administración.

Deja clara esta evolución la estadística sobre el mercado del alquiler (EMAL), que se elabora en base a las fianzas que se depositan ante el Gobierno vasco cuando se regularizan los contratos. En Álava, en 2016, la renta media mensual era de 553 euros. Y ahora (concretamente, en el segundo trimestre de 2024, que es el último dato disponible) ya está en 737. Es una subida superior al 33%. Esto en toda la provincia. Y la cifra se mantiene parecida en Vitoria, con 713 euros mensuales. Hay que considerar que todo lo anterior son datos oficiales. Porque si nos fijamos en los portales web donde se concentra la mayor parte de los anuncios, las cosas pintan peor: el precio medio por metro cuadrado en la capital llega a los doce euros tras subir casi un 8% en el último año.

El panorama es preocupante pero no inesperado. El viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, ha señalado que «este informe confirma las previsiones del Gobierno, y sirve tanto como radiografía de la situación, como de guía para optimizar y ampliar las políticas públicas del Departamento». Se refiere a que en el informe también se hace una radiografía del perfil y situación de los inscritos en Etxebide. En concreto, se ha fijado en una cosa: el 53% de quienes están en la lista de espera no recibe ningún tipo de ayuda pública, «en parte por desconocimiento». Asunto este en el que «hay margen de mejora».

Es decir, el ánimo es divulgar de un modo más eficiente las subvenciones que están disponibles (prestación complementaria de vivienda, Gaztelagun, Emantzipa, AES, ayudas municipales para el alquiler...). Así que se va a tener «una actitud más pedagógica hacia la ciudadanía», lo que lógicamente también incrementará la tensión sobre los Presupuestos del Gobierno vasco, que deberá hacer frente a más gasto.

En cualquier caso, el problema de fondo es que el mercado libre «está expulsando hacia una precariedad habitacional inaceptable no sólo a personas vulnerables, sino también a las clases medias», reconoce de los Toyos. Las causas son conocidas: desde la falta de nuevas promociones que den respuesta a la demanda (que crece porque cada vez hay más gente que vive sola), hasta el aumento de uso de pisos para turismo en vez de vivienda.

De cara a dar soluciones, desde el Gobierno vasco aseguran que la declaración de zonas tensionadas ayudará a limitar los precios de los arrendamientos (si bien desde el sector inmobiliario contraponen que está sacando pisos del mercado). Pero, sobre todo, el Ejecutivo autonómico pretende «recrecer» la oferta de vivienda pública como mecanismo de presión a la baja en el mercado. Para ello no sólo tiene planeado construir miles de viviendas hasta llegar a 50.000 en 2036, sino otras iniciativas como incentivar a particulares a movilizar vivienda vacía o el uso residencial de lonjas.